A punto de concluir el periodo estival, aflora en el debate social uno de los temas que más irritación común causa. El hecho de volver de vacaciones y encontrarte el domicilio okupado ilegítimamente y tener que esperar largos meses e inclusos años para recuperarlo es algo cuando menos surrealista en pleno siglo XXI. Lo más grave: la Ley lo consiente.

Tras la crisis se produjo un considerable número de desahucios de personas y familias en situación de vulnerabilidad económica que provocó que las viviendas vacías fueran okupadas, algo que ha desembocado en una nueva necesidad de adaptación del legislador. Por ello, el Congreso aprobó una iniciativa del PDeCAT con el apoyo de PP, Ciudadanos y el PNV que regula los desahucios exprés para desalojar okupas ilegales en un periodo más corto de tiempo.

En concreto, la Ley 5/2018 de 11 de junio entró en vigor el pasado 2 de julio de 2018 y modifica aspectos sustanciales de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamento Civil en relación a la regulación propia del desahucio.

"Se podrá pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento"

Las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social podrán pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento". En este caso, se trasladará una notificación a los okupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda.

Desde entonces, se les exigirá que justifiquen la situación de posesión. En caso de no aportarse justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda. Contra este auto, reza la ley, "no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los okupantes que se encuentren en ese momento en la vivienda". Así, la sentencia se dictará "de inmediato" en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La disposición adicional de esta ley establece también medidas de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas competentes para que resulten eficaces estas comunicaciones.

Las resoluciones judiciales contra las okupaciones de viviendas deberán resolverse en un máximo de veinte días,

En concreto, las resoluciones judiciales contra las okupaciones de viviendas deberán resolverse en un máximo de veinte días, si los okupantes no lo presentan, la policía podrá desalojarlos. Además, la nueva Ley contempla que cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento se deberá trasladar a los servicios públicos competentes en materia de política social, siempre que el okupante quiera.

Hasta aquí, parece sencillo, pero tras una okupación, un particular entra en un absoluto calvario judicial que no sabe cuando acabará. Solo en Madrid, 3.918 viviendas fueron okupadas ilegalmente en la región a fecha de 31 de diciembre de 2017, 2.653 en la capital y 1.265 en el resto de localidades de la región del ámbito de la Policía Nacional, según datos recogidos por la Oficina de Viviendas Ocupadas. En el 21 por ciento de casos alberga a familias pobres, y el 79 por ciento restante registra acciones delictivas.

Procedimientos muy distintos en Europa

Cierto es eso de que lo que pasa en España no pasa en ningún país de Europa. En Francia durante las primeras 48 horas una vivienda okupada puede ser desalojada inmediatamente por la Policía en cuanto ésta tiene conocimiento del hecho. En Dinamarca y en Suecia, basta con acudir a la Policía y demostrar quién es el legítimo propietario.

Sin embargo, en Portugal hay que esperar a la celebración del juicio para desalojarla. En Italia, cuando el juzgado evalúe en un juicio rápido el caso, los agentes podrán desalojar el inmueble. Holanda aprobó en 2009 una ley que castiga hasta con dos años de prisión la ocupación de edificios vacíos, antes se permitía si lo estaba más de un año.

Los bancos, olvidados

Una de las novedades de la reforma de la Ley es que excluye explícitamente a gestores privados de vivienda social y a los bancos, que en muchos casos son propietaros de establecimientos que son okupados. Nuria López, abogada de Legálitas, explica a este periódico que "la mayor parte de viviendas de okupación es de los bancos, y las mafias lo saben y lo tienen muy controlado. No obstante, lo que intenta hacer la Ley es favorecer al propietario particular". Por el camino del largo proceso judicial quedan elevados gastos a los que debe hacerse cargo la víctima y no el okupa, que por regla general suele declararse insolvente. A este respecto, Nuria López, estima que "en el procedimiento es necesario tener un abogado y un procurador, y el gasto como mínimo llegaría a 1.000 euros. Es una demanda que no reviste mucho engorro y no es muy dilatado, pero podría llegar a 1.500 o 2.000 euros dependiendo del profesional".

¿Se podrán cumplir los plazos?, la pregunta del millón

Cuando le preguntas a una profesional cómo se va a llevar a cabo esta disminución de plazos cuando la mayoría de juzgados en España están colapsados, la abogada Nuria López, responde con una exclamación: ¡Esa es la pregunta del millón!. "La Ley establece cinco días desde que se tramite la demanda para realizar el desalojo, pero nos encontramos con que hay juzgados que se demoran tres o cuatro meses por esta razón", explica.

"Todavía no hemos podido ver cómo se va a instrumentalizar porque entró en vigor en julio y agosto es inhábil. Los juzgados son los que son y los medios son los que tenemos. ¿Tienen que dar prioridad a ese tipo de demandas? La Ley no exige darle más prioridad. Se puede crear una ley muy buena pero las manos para tramitarlo son las que son", subraya. No obstante, el Código Penal castiga el delito de usurpación como leve con pena de multa de tres a seis meses. Por ello, López es partidaria de la vía penal. "Es menos costosa, no necesitas abogado y procurador", explica.

Con todo, es vital preguntarse: ¿es la reforma de la Ley suficiente para amparar a quien la cumple?

Outbrain