Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) rechazaron ayer ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el "improvisado y ambicioso" proyecto del Expediente Judicial Electrónico del Ministerio de Justicia. "Se ha diseñado pensando más en la oficina judicial que en la labor jurisdiccional, por lo que no constituye una herramienta eficaz para jueces y magistrados", critican en las conclusiones de sus jornadas, que ayer se clausuraron en Oviedo.

En este sentido, los jueces piden una auditoría sobre el estado y la situación de la digitalización de la Justicia. Los juristas exigen que "se garantice la participación del Poder Judicial para velar por la seguridad de las redes de comunicaciones y aplicaciones para el acceso al expediente judicial electrónico y en la protección jurídica de sus datos e información". Además, piden unificar en todo el territorio nacional las diferentes aplicaciones de gestión procesal y de acceso al expediente judicial electrónico.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ayer intervino en la clausura, manifestó a los jueces que "comparte sus inquietudes" y reafirmó su compromiso con una justicia "ágil y tecnológicamente avanzada". Precisamente, fuentes del Ministerio informaron el pasado mes de junio a elEconomista que los Presupuestos Generales del Estado aprobados supusieron un aumento de 121 millones de euros para el Departamento de Catalá. La mejora del presupuesto ha conllevado 26,7 millones de euros más que el Ministerio destinará a la implantación de la Justicia digital. En concreto, para acelerar la digitalización de los órganos judiciales, reforzar la ciberseguridad y para el análisis de datos que sirva para impulsar la innovación en esta materia.

En todo caso, los jueces insisten en que "es imprescindible que se tome en consideración y se evalúen las consecuencias que la implantación del expediente digital está teniendo en la carga de trabajo profesional de los jueces y se articulen, en consecuencia, las medidas necesarias para la protección de su salud laboral". Sin embargo, reconocen que "la transformación tecnológica es un camino sin retorno. Se debe avanzar en el proceso de mejora de la justicia digital, sumando los recursos técnicos que supongan una mejora efectiva de la función jurisdiccional".

Más mediación

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia alertan de un estancamiento de la mediación penal. "Las Administraciones deben involucrarse en la formación, ayuda material y difusión de la mediación", aseguran.

Por otra parte, subrayan que la organización territorial judicial no responde a criterios de racionalidad y eficacia. "Es una reforma judicial acuciante y es responsabilidad de quienes ostentan el poder ejecutivo abordar el diseño de un nuevo modelo de organización judicial", añaden.

Los jueces también insisten en la necesidad de afrontar una reorganización funcionarial y una política decidida de redistribución de funcionarios.

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