La Ley Integral contra la corrupción estará lista en 2018

El conflicto catalán ha eclipsado de tal modo la actividad política que a penas deja margen para hablar de corrupción. Sin embargo, en el Congreso avanza la tramitación de la Ley Integral contra la Corrupción, una norma que, según prevén PP y PSOE, estará aprobada en el primer semestre de 2018.  

El texto, propuesto por Ciudadanos, incluye asuntos tan variados como la prohibición de los indultos a los condenados por corrupción, medidas para proteger al denunciante y la tipificación como delito del enriquecimiento ilícito, por lo que implica la modificación de una decena de normas. 

Según Ignacio Prendes, diputado de la formación naranja y miembro de la Comisión Constitucional -en la que se está discutiendo la norma- es un verdadero "golpe sobre la mesa" en la lucha contra la corrupción. "Tenemos que conseguir un círculo virtuoso: más transparencia, más responsabilidad de los cargos públicos y mejores controles", explicó durante un coloquio organizado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, el pasado 28 de septiembre.

Ampliación del plazo

La Comisión ha ampliado el plazo de enmiendas al texto hasta el próximo 3 de octubre. Según Prendes, la norma podría estar aprobada antes de final de año. Una previsión que Beatriz la diputada del PP, Beatriz Escudero, y el del PSOE, Artemi Rallo, consideraron demasiado optimista. "Ese entusiasmo choca con la realidad. Mejor no crear expectativas que después se frustran", advirtió Rallo. 

En el debate, celebrado en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, los representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos -que participó a través del exmagistrado Juan Pedro Yllanes- mostraron su mejor predisposición para lograr un texto que suponga un salto cualitativo en la lucha contra las malas prácticas. Sin embargo, no pudieron evitar el cruce de reproches por los casos de corrupción -especialmente por los que salpican a los populares- y por la falta de transparencia en las Administraciones que gestionan.