La Justicia europea avala el arancel de los procuradores

  • La sentencia descarta que la norma imponga acuerdos de asociaciones que vayan contra el comercio entre Estados
Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores

El arancel de mínimos al que se somete la retribución de los procurado es compatible con el Derecho de la Unión Europea (UE), según reconoce el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en sentencia de 8 de diciembre de 2016.

Determina la sentencia que el Derecho de la Unión respecto a las prácticas restrictivas de la competencia en los países miembros no se opone a la normativa española que regula los aranceles del procurador, en la que los tribunales nacionales se limitan al control de la aplicación estricta del arancel sin posibilidad en supuestos excepcionales y mediante decisión motivada, de apartarse de los límites señalados por la norma de aranceles.

El ponente, el magistrado Sini?a Rodin, basa su decisión en que el Arancel de Derechos de los Procuradores de los Tribunales constituye una normativa jurídica y elaborada por el Estado español, aprobada por el Consejo de Ministros conforme al procedimiento ordinario de elaboración de decretos.

Sin favoritismos

Así, concluye que "no se puede considerar que el Estado miembro imponga o favorezca en medida alguna la puesta en marcha de acuerdos por parte de las asociaciones profesionales de procuradores que puedan ir en contra del comercio entre estados miembros o de favorecer abusos de posición dominante contrarios al derecho de la Unión".

Este fallo supone un revés para la Comisión Europea que tiene el arancel de los procuradores en el objetivo. Bruselas entiende que es contrario a la Directiva de Servicios. El año pasado envió una Carta de Emplazamiento en la que solicitaba el cambio de la normativa, por considerar que esta profesión jurídica "establece tarifas mínimas obligatorias y restricciones multidisciplinarias a la hora de ejercer en España la representación procesal de las partes en la mayoría de los procedimientos judiciales ante los tribunales españoles".

El pasado 22 de noviembre anunció su intención de dar el siguiente paso del procedimiento general de infracción y enviar a España un Dictamen Motivado por este asunto , al constatar que continúa la situación en el mismo punto. España dispone ahora de dos meses para responder a Bruselas, y de no considerar satisfactoria esta respuesta, o no producirse, la Comisión Europea podría llevar el asunto ante el TJUE.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en su intervención ante los la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, reiteró su compromiso en la defensa ante la UE de que "nuestro sistema de servicios profesionales funciona adecuadamente y sus costes no son superiores a los establecidos en otros países comunitarios".

Sin embaro, en esta sentencia, se declara incompetente sobre las cuestiones relativas a la compatibilidad de la legislación con las disposiciones sobre interés general, proporcionalidad y necesidad de los servicios profesionales proporcionados, presentes en el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)y explica que esta interpretación queda fuera de las competencias que le atribuye el Derecho de la Unión, puesto que dichas cuestiones se limitan al ámbito de la jurisdicción del Estado español.

La sentencia aborda dos asuntos acumulados. De una parte, un recurso de Arcelor Mital Zaragoza por las costas de un litigio en el que fue condenada a su pago. Y, de otro, el recurso de un procurador ante Urbaser por impago, al considerar abusivos los costes.


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Viernes, 8 de Diciembre de 2017


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