RSC.- El PP pide a la UE que no dé ventajas comerciales a los países que acepten el trabajo infantil

15/09/2006 - 16:17

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BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado gallego del PP Daniel Varela pidió hoy a la Comisión Europea que investigue si los países del sudeste asiático que forman parte del sistema de preferencias comerciales de la UE cumplen los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que prohíben el trabajo forzoso y el trabajo infantil.

Para el eurodiputado gallego, la UE no debería conceder ventajas arancelarias a los productos de esos países si es cierto que utilizan las prácticas mencionadas porque supondría "poco menos que aceptar la explotación de niños y, encima, subvencionarla con aranceles reducidos".

Daniel Varela subrayó que mientras que la Comisión Europea exige a otros países beneficiarios del llamado Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), como El Salvador, que cumplan esos convenios bajo la amenaza de que en caso de no ser así son expulsados del sistema, "no puede utilizar otra vara de medir para los países del sudeste asiático".

El eurodiputado del PP citó el caso de El Salvador, que puede ser expulsado del sistema en breve por esta razón, dado que allí existe una factoría de la conservera del Grupo Calvo, que de llevarse a cabo la amenaza de Bruselas se vería obligada a recortar sus actividades ante la competencia de las exportaciones a la UE de conservas procedentes, precisamente, del sudeste asiático, según informó el PP a través de un comunicado.

"Si hay que mejorar el comercio internacional debe ser con normas iguales para todos", apuntó Varela, quién recordó además que el SPG implica también medidas para prevenir la competencia desleal de los productos pesqueros de esos países si no cumplen los estándares europeos (técnicos, laborales, medioambientales, higiénico- sanitarios, etc).

Daniel Varela reclamó también al Gobierno español y a la Xunta de Galicia que secunden esta petición de investigación, toda vez que el avance de las exportaciones de conservas de esos países puede perjudicar a la industria conservera gallega, que representa el 60 por ciento de la producción de la UE y emplea a más de 50.000 personas.

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