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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadGas Natural destaca el riesgo de que con una futura legislación las empresas "no sientan la necesidad ni el estímulo de ir más allá"
SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)
El director de Responsabilidad y Reputación Corporativas del BBVA, José Angel Moreno, se mostró partidario de que el Gobierno ponga a disposición de las empresas que elaboran voluntariamente informes de
responsabilidad "todos los medios posibles para que la información
facilitada sea verídica".
Esta fue la principal conclusión extraída del encuentro celebrado en la tarde de ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, patrocinado por la Fundación Carolina, bajo el título 'I Encuentro Responsabilidad Social de las Empresas: teoría y experiencias en Latinoamérica".
Moreno insistió en que el Ejecutivo "debe hablar con todos los
agentes sociales para poner en marcha políticas de RSC", mientras que la subdirectora de Reputación Corporativa de Gas Natural, María del Carmen González, advirtió de que el problema de una futura legislación es que las empresas "no sientan la necesidad ni el estímulo de ir más allá de lo fijado por ley".
En la misma ponencia, el director general de Comunicación y Responsabilidad Social de MAPFRE, Juan José Almagro, lamentó que la RSC sea aún un tema nuevo que "no se encuentra entre las preocupaciones de la gente".
Por el contrario, la presidenta de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), Purificación Rodríguez, señaló que el consumidor "sí quiere que la responsabilidad social se incorpore como un valor, sin que el precio final del producto se resienta".
SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA
En la jornada también se debatió la actual situación que se vive en Latinoamérica en materia de RSC y su influencia sobre las empresas españolas, aunque la representante de CECU puntualizó que éstas no perciben inestabilidad política sino "fórmulas diferentes".
En esta línea, Almagro recordó que las empresas que llegan a aquellos países sólo piden a los gobiernos lationamericanos "seguridad jurídica", idea en la que coincidió González Díaz, al destacar que el interés empresarial reside sobre todo en que un país "dé garantías".
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