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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadMADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso rechazó hoy dos proposiciones de ley impulsadas por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC) y IU-ICV que pretendían la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, prestación económica "universal e incondicionada" para todos los ciudadanos "de pleno derecho", incluso en el caso de que no quieran trabajar remuneradamente.
El diputado de Esquerra Republicana per Catalunya (ERC), Joan Tardà aseguró en la defensa de la proposición de su grupo que el derecho a la renta básica supone un "salto cualitativo en la concepción de ciudadanía social" y reconoce la validez del trabajo no asalariado.
Por su parte, la diputada de IU-ICV Carme García explicó que la propuesta requiere un "análisis en profundidad porque se trata de una propuesta con una enorme potencial de refinanción fiscal" que garantizaría una "redistribución de la riqueza" y reiteró que es un tema "muy trabajado a nivel académica". Asimismo, estimó su importe en 5.400 euros anuales por persona.
En este sentido, se sugerían diferentes cuantías en función de la edad: para mayores de 18 años, al menos el 100% de la cantidad que conforma el umbral de la pobreza y para menores de 18 años, al menos el 50%. Asimismo, ERC pretende que para los mayores de 65 años dicha prestación supere en un mínimo del 10% el umbral de la pobreza. La paga se haría efectiva en doce pagos mensuales.
Los textos presentados por los dos grupos parlamentarios coincidieron en que el objetivo de esta Ley es acabar con la pobreza de la ciudadanía, garantizando una renta mínima suficiente para satisfacer las necesidades básicas; evitar la estigmatización de aquellas parte de la población que tiene que demostrar su incapacidad para lograr recursos a fin de acceder a un determinado subsidio; y racionalizar el sistema de subsidios condicionados del actual estado del bienestar.
La diputada del BNG, Olaia Fernández Dávila, fue la única que expresó su apoyo a la iniciativa, porque tiene la parte fundamental de tomar medidas dqestinadas a eliminar las situaciones de pobreza", a pesar de señalar que su acuerdo con la propuesta no es total y considera que sería necesario definir "ciertos límites" a su alcance en función de la evolución económica.
"DERECHO A NO TRABAJAR".
Por parte del PNV, Emilio Olabarría, basó el rechazo de su grupo en la dificultad de entender una propuesta "que pretende incorporar un nuevo derecho subjetivo a no trabajar" que, recalcó, no existe en ningún país del mundo valora como "terriblemente insolidario".
En términos similares se expresó el diputado de CiU Carles Campuzano, que aseguró que la propuesta plantea "que todos paguen a los que no están trabajando" y recalcó que las reformas sociales que tienen lugar en los estados europeos no van en la dirección de la implantación de una renta básica, sino en la capacitación de los ciudadanos y señalo que una propuesta de este tipo invade las competencias autonómicas y alcanza matices "reaccionarios".
El diputado del Partido Popular, Baudilio Tomé recordó que iniciativas como esta ponen de manifiesto la "desorientación" de una izquierda "que ha visto caer sus referentes totalitarios y fracasar las políticas de despilfarro de la socialdemocracia", y señaló que la necesidad par pagarla alcanzaría el 20 por ciento del PIB y más del doble del presupuestos para la Seguridad Social.
Por último, el socialista Miguel Angel Millán estimó la cuantía de la renta en 310.500 millones de euros, lo que superaría la cifra estimada por los Presupuestos Generales del Estado, auguró que la implantación requerirá un "amplio consenso" de las comunidades autónomas y aprovechó para reivindicar las medias sociales desarrolladas por el Gobierno a lo largo de la última legislatura.
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