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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadLA PAZ, 9 (EUROPA PRESS)
El ex ministro boliviano de Hidrocarburos Guillermo Tórrez, declaró el jueves durante más de tres horas ante los fiscales que investigan el presunto delito de contrabando de crudo a Argentina que habría cometido Andina, subsidiaria de Repsol YPF en Bolivia.
Guillermo Tórrez, que fue ministro durante el gobierno del ahora ex presidente Carlos Mesa, aseguró a los fiscales José Centenaro y Alberto Cornejo que las últimas resoluciones que emitió su despacho se realizaron en marzo de 2005 debido a que eran grandes los excedentes de la producción de crudo y no existía capacidad de almacenamiento.
Sin embargo, según informó el diario local 'El Nuevo Día', cuando los fiscales le pidieron que explicase si esas resoluciones tenían carácter retroactivo --ya que Andina abría exportado crudo a Argentina vía Yacuiba desde febrero del mismo año-- Tórrez deslindó responsabilidades del que era su Ministerio y señaló que él "firmó las resoluciones a pedido de la empresa" y que, si alguien debía controlar los volúmenes de crudo que salían del país, "esa era la Aduana Nacional".
El juicio contra Andina entró en su etapa final. La investigación se sigue a denuncia y querella de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). En una primera instancia los fiscales imputaron a los representantes legales de la compañía por contrabando y falsificación de documentos. Sin embargo, para ir a un juicio oral se requería de más pruebas, por lo que se fue a una etapa ampliatoria.
La Empresa Petrolera Andina S.A. ha comunicado en varias oportunidades que las exportaciones de crudo realizadas en el período comprendido entre el 15 de julio de 2004 y el 28 de febrero de 2005 se efectuaron de manera legal y con permisos emitidos por la autoridad competente a través de Resoluciones Ministeriales.
Además, la empresa señaló que las exportaciones realizadas por Andina no han ocasionado daño económico alguno al Estado boliviano, ya que están exentas de impuestos. Señaló también que no hay delito, ya que no existió dolo ni alteración de documentos, y que se han pagado todos los impuestos, regalías y tributos correspondientes al momento de la producción y contabilización de las utilidades.
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