Madrid, 2 jun (EFECOM).- El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha admitido a trámite una querella interpuesta por el accionista Antonio Panea contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, por apropiación indebida y un delito societario derivado de las cuentas del grupo de 2001.
La querella, admitida en un auto del juez Javier Pérez Pérez conocido hoy, habla de la generación de unos "beneficios ficticios" obtenidos por el banco en 2001, año en el que la entidad financiera "hubo de hacer importantísimas provisiones" para atender a las necesidades derivadas del denominado "corralito argentino".
La querella mantiene que el Santander tuvo pérdidas de 750 millones de euros, que tras los "artificios financieros" realizados por la entidad se convirtieron en unos "unos beneficios irreales" de 1.250 millones de euros.
Como resultado de esa operación, "los consejeros del Banco Santander se apropiaron del porcentaje" que les correspondía por los beneficios cuando en realidad, según la denuncia, eran pérdidas y, por tanto, no tenían derecho a ello.
El auto del juez admite la querella contra Botín, el secretario del Consejo de Administración, Ignacio Benjumea, y el consejero de SCH Medina, José María Araluce, pero con "ciertas cautelas", ya que las cuentas del 2001 fueron previamente impugnadas por Panea y otros ex directivos relacionados con Banesto en un procedimiento civil ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santander.
En la memoria del banco en 2001, figura que se hizo una desinversión del 1,53 por ciento en su participación en el RBS hasta dejarla en el 8,03 por ciento y que, según expertos consultados, no figuran pérdidas ni ganancias por la operación porque se trata de un traspaso de la cartera de acciones de una sociedad a otra que se neutraliza entre sí.
En su auto, el magistrado recuerda que la Audiencia Nacional ya absolvió, en el caso de las jubilaciones, a "algunos de los aquí querelladas al no considerar punibles determinadas retribuciones acordadas a su favor".
El abogado Antonio Panea, junto a Javier Sotos, el letrado Francisco Franco Otegui y el ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar -condenado por su gestión durante la etapa de Mario Conde- tienen más de una veintena de pleitos abiertos contra Emilio Botín y la entidad que preside, por diferentes acuerdos mercantiles y operaciones financieras.
Pérez Escolar fue acusación particular en el juicio por las jubilaciones millonarias del SCH, del que fueron exculpados tanto Botín, como el ex copresidente del banco, José María Amusátegui y el ex consejero delegado Angel Corcóstegui. EFECOM
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