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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadMADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La reforma de la Seguridad Social superó hoy su primer trámite en el Congreso de los Diputados, que rechazó las enmiendas de totalidad de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana y el PNV por considerarla una reforma "regresiva" en algunos ámbitos y por razones competenciales, respectivamente.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que defendió el proyecto de Ley en la tribuna del Congreso, destacó que el mismo ha recibido el "apoyo unánime de todos los agentes sociales" y que respecto a la Seguridad Social, no hay "problemas económicos ni amenaza de déficit", refiriéndose también al "fondo de reserva actual".
A su juicio, teniendo en cuenta los datos macroeconómicos actuales, la visión de que la reforma debería ser otra es "miope", ya que la Seguridad Social "está garantizada en el presente y en el futuro" y aseveró que el proyecto "no es una pieza aislada, sino que forma parte de política" del Gobierno en materia de "justicia social".
Caldera aseguró que el Gobierno trabaja para que "ahora y en los tiempos que vengan" las instituciones públicas de las que dependen las pensiones sigan "cumpliendo, a fin de que nadie se encuentre en España en una situación de necesidad".
ENMIENDAS DE TOTALIDAD DE ERC Y PNV.
El portavoz de ERC Joan Tardà defendió su enmienda de totalidad explicando que la reforma peca de "regresiva" en algunos ámbitos. Según alegan los republicanos, esta reforma no sólo exige más tiempo de cotización para cobrar la jubilación, sino que también "limita el acceso de la incapacidad permanente a determinados colectivos a partir de los 45 años, así como el importe de las prestaciones para grandes inválidos".
Esquerra Republicana subraya además que la reforma de la Seguridad Social da un "trato discriminatorio" a las parejas de hecho, no contempla mejoras sustanciales en la cotización de los mayores de 52 años, mantiene la prestación de auxilio por defunción en 30 euros y no avanza en el despliegue del sistema y en el régimen de prestaciones.
Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría criticó que sólo cuatro interlocutores sociales hayan participado en este proyecto de ley y reclamó una mayor participación sindical. Además, afirmó que el Gobierno se ha limitado a poner en la ley elaborada por esos agentes sociales un sello para darle carácter oficial.
Así, los nacionalistas vascos justifican su enmienda de totalidad subrayando que el País Vasco aún no ha asumido las competencias en materia de Seguridad Social reconocidas en el Estatuto de Guernica. En este sentido, aseguran que el ejercicio de esas competencias resulta de "capital importancia" para el desarrollo del autogobierno y de las políticas públicas que el País Vasco quiere poner en marcha en este terreno.
En la misma línea, lamentan la "sordera" del Gobierno central ante sus demandas y le insta a utilizar este proyecto para fijar las bases del traspaso de competencias. "El no hacerlo es inadmisible y por ello se pide su devolución hasta que se acompañe de un modelo de garantía normativa, que dé efectividad de los traspasos pendientes en esta materia", explican.
En el turno de fijación de posiciones, el portavoz del PP José Ignacio Echániz consideró insuficiente la reforma y exigió al PSOE que deje una Seguridad Social "saneada" como la que heredó del Gobierno 'popular'. En este sentido, avisó de que presentará una batería de enmiendas parciales para cubrir las "carencias" de la reforma.
EL PROYECTO "POSIBLE".
La portavoz socialista Isabel López i Chamosa subrayó que este proyecto de Ley es el que "es posible, el del consenso", admitiendo que no es perfecto y que es mejorable. Asimismo, dejó claro al PP que la diferencia entre la Seguridad Social que su gobierno dejó con la del PSOE es que el fondo de reserva con los 'populares' se quedó en 9.000 millones de euros mientras con los socialistas ha alcanzado los 40.000 millones.
El resto de grupos parlamentarios lamentaron, en general, que la reforma no se haya elaborado en el marco del Pacto de Toledo, aunque admitieron avances del proyecto en esta materia. También destacaron la ausencia de mejoras que consideran necesarias respecto a la protección que defendía Jesús Caldera.
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