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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadEl Congreso aprobó con la única oposición de CiU y PNV la nueva ley, que limita a tres la cadena de subcontratación
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Las subcontratas del sector de la construcción deberán tener un 30% de empleados fijos y acreditar la formación de sus trabajadores, después de que la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso aprobara hoy con la única oposición de CiU y PNV la ley de subcontratación en el sector de la Construcción -- que será remitida directamente al Senado-- y que pretende frenar la elevada siniestralidad laboral existente en el sector.
La Ley a la que dio luz verde la Cámara Baja, y en la que incluso PP y PSOE consiguieron llegar a un acuerdo, contempla medidas preventivas y de regulación, como establecer criterios de rigurosidad en materia de formación a trabajadores sobre riesgos laborales, obligando a las empresas a acreditar empleados con un carné o cartilla donde conste dicha formación.
Además, las empresas deberán registrarse en su correspondiente domiciliación social siguiendo el reglamento y en colaboración con las comunidades autónomas para contar con las garantías de calidad y solvencia.
En este sentido, se permitirán tres niveles de subcontratación para evitar que el trabajador autónomo ejerza de empresario cuando no lo es, en lugar de asociarse a otros trabajadores o llevar a cabo una actividad laboral común bajo la empresa principal o empresa madre.
Asimismo, la ley de subcontratación en el sector de la construcción impondrá a las empresas del sector a mantener a un 30% de trabajadores fijos.
La ley también incide en la necesidad de mantener e insistir en un libro de subcontratación en la obra donde los trabajadores deberán registrarse realizando una función informativa y de control.
PSOE Y PP, DE ACUERDO.
El portavoz del PSOE, Jesús Membrado, señaló que la ley aprobada tiene la intencionalidad de "mejorar el sector, que actualmente tiene un elevado grado de siniestralidad". En su opinión, "no se debería hacer tremendismo diciendo que la ley no va a servir para nada", haciendo referencia a los grupos parlamentarios de CiU y PNV que votaron en contra bajo este criterio, entre otros.
Respecto a los requisitos de calidad o solvencia de las empresas, el diputado abogó por apoyar a las empresas con estructuras, ya que "serán las afectadas en momentos de crisis", idea que los diputados del PP José Eugenio Azpiroz y Andrés Ayala apoyaron.
Asimismo, En este sentido, los dos principales partidos políticos se mostraron satisfechos por el contenido de la ley y por su carácter pionero de respecto al impulso de control y la transparencia, así como en la lucha contra la falta de entendimiento en la obra debido a que los trabajadores pertenecen a distintas nacionalidades.
De cualquier manera, Azpiroz dejó claro que aunque hay una realidad socio-económica compleja detrás de este problema, la ley se ha adecuado a una solución conjunta para reducir la siniestralidad.
El diputado de ERC, Joan Tardà, que sí apoyó la ley, precisó que en su opinión se "ha quedado corta", sin embargo, reconoció la importancia de una ley que lucha contra la explotación en el mundo del trabajo y la siniestralidad, dos elementos que calificó "de gran perversidad".
Por su parte, el diputado de IU, Angel Pérez, cuyo grupo es responsable de la iniciativa original, señaló que el texto resultante enmendado por el resto de formaciones "no es el mejor" ya que les hubiera gustado "una mayor concreción", aunque lo votó por su importancia.
CIU Y PNV: "NO VA A SOLUCIONAR NADA"
Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano planteó su rechazo a la ley argumentando la ausencia de relación entre siniestralidad y temporalidad, y asegurando que "desde la desconfianza a empresarios y castigando al colectivo de autónomos, no se va a solucionar nada".
Además, abogó en nombre de la formación nacionalista que la propuesta aprobada ignora la negociación colectiva y la centraliza a través del convenio sectorial de ámbito estatal.
Finalmente, el portavoz del PNV, Juan Ramón Beloki, opinó que la ley de subcontratación en la construcción "es un camino hacia ningún sitio al estar hecha para salir del paso y porque ignora la realidad plurisindical española", por lo que justificó así su voto en contra.
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