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Un juez ordena el regreso a prisión domiciliaria de una dirigente social argentina

Buenos Aires, 18 ago (EFE).- Un juez de Argentina ordenó hoy que la dirigente social y diputada del Palasur Milagro Sala sea trasladada desde la cárcel en la que había sido ingresada hace diez días al sitio donde anteriormente cumplía con una orden de prisión domiciliaria.

Según una orden del juez Pablo Pullen Llermanos difundida hoy por el Comité por la Libertad de Milagro Sala, el Servicio Penitenciario de la norteña provincia de Jujuy deberá proceder al traslado "inmediato" de la dirigente kirchnerista desde la Prisión Federal de General Güemes, en la provincia de Salta, a una casa en el barrio El Carmen de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

El pasado día 7, Pullen Llermanos había resuelto revocar el beneficio de la prisión domiciliaria para Sala, arrestada preventivamente por presunta corrupción desde enero de 2016.

Pero una semana después, la Corte Suprema de Argentina dictaminó que la diputada del Parlamento del Mercosur (Parlasur) debía recobrar ese beneficio, sentencia a la que el juez Pablo Pullen Llermanos resolvió dar cumplimiento, dejando sin efecto su anterior decisión.

El Comité por la Libertad de Milagro Sala dijo hoy en un comunicado que, en su nueva resolución, el juez "prohíbe al equipo médico" de cuatro profesionales que brindaba atención a Sala "continuar con el tratamiento de la dirigente social" y establece que "únicamente podrá ser atendida por médicos del servicio provincial de salud".

En julio pasado, la dirigente había sido hallada inconsciente tras desmayarse en la casa de El Carmen y trasladada a un hospital, donde se recuperó.

Sala, una activista indígena, es considerada por parte de sus seguidores como una "presa política" del oficialismo argentino y su detención a principios de 2016 ha originado fuertes críticas de diversos organismos internacionales.

El pasado 25 de julio comenzó el juicio en el que la miembro del opositor kirchnerista Frente para la Victoria (FPV) es acusada de fraude en un programa de construcción de viviendas.

Sala está acusada, junto a otros 30 integrantes de la Organización Barrial Túpac Amaru, que ella lidera, de pertenecer a una asociación ilícita que malversaba fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, además de extorsión.

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