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El Supremo permite revisar actuaciones de la Justicia extranjera

  • Autoriza anular pruebas si "vulneran garantías esenciales del proceso"
Foto: Archivo
Madrid

El Tribunal Supremo (TS) permite revisar las acutaciones practicadas por una jurisdicción extranjera si "vulnera garantias esenciales del proceso penal". La sentencia, de 26 de julio de 2018, establece que una actuación que atente contra el principio de contradicción provoca la anulación de las pruebas practicadas por la Justicia de otro país, a pesar de la legalidad en su obtención.

El fallo reconoce que la regla general establece que no corresponde a la Justicia española la facultad de supervisión de actuaciones practicadas en otro país. "Es cierto que no deben pasar por el tamiz de las autoridades españolas", apostilla el Supremo. Sin embargo, asegura que "hay diversas excepciones a esta reglas, entre ellas posibles vulneraciones que puedan afectar al orden público procesal, que ha de examinar el tribunal finalmente llamado a valorar la prueba obtenida en el extranjero".

En este sentido, el Supremo sostiene que "podría darse el supuesto de que una concreta diligencia no vulnere la normativa internacional reguladora, ni la legislación interna del país, en el que se practica, pero vulnera garantías esenciales del proceso penal del Estado en que deben valorarse". En estos casos, el Alto Tribunal dictamina que esta situación "provocaría su nulidad a pesar de la legalidad en su obtención".

El Supremo incluye así a las contradicciones en una prueba testifical como una de las excepciones al principio que impide revisar las actuaciones llevadas a cabo fuera de la jurisdicción española. A su juicio, esta contradicción anula la prueba porque, además, no se puede verificar con una comparecencia ante el propio juzgado que investiga el asunto. "Se ha dicho, con razón, que la verdadera fuerza o valor probatorio de la prueba testifical descansa en el hecho de que se produzca ante la presencia inmediata del tribunal, pues la inmediación tiene indudable influencia en la debida valoración del testimonio a la hora de conformar el convencimiento judicial", indica el Supremo.

La sentencia de la Audiencia Nacional, ahora confirmada por el TS, aseguraba que las pruebas adolecen de una "manifiesta falta de respeto a las más elementales garantías, entre ellas, de manera destacada, el principio de contradicción, que se muestra como una exigencia ineludible del derecho de defensa y del derecho a un proceso público con todas las garantías". Por su parte, los recurrentes sostenían que las realizaron "con todas las garantías" establecidas en la ley procesal penal de Guatemala -país que elaboró las pruebas-, en presencia de la autoridad judicial competente, con la defensa de las personas encausadas presentes en Guatemala y del Ministerio Público y, además, en presencia de un abogado designado específicamente por el Instituto de la Defensa Pública.

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