Los expertos abogan por reformas procesales para las macrocausas

  • Ruz defiende crear una unidad orgánica de apoyo para los magistrados
El juez Pablo Ruz. eE

Pablo Ruz, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Móstoles y ex magistrado del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional (AN), cree "necesario dotar de carácter semipermanente, como tiene la Fiscalía Anticorrupción, un auxilio judicial fuerte a la instrucción de las macrocausas económicas y de corrupción en lo que supone análisis cuasipericial en materia económica, contable, Agencia Tributaria, Interventores del Estado, etc., que, aunque se está haciendo, cuesta mucho conseguirlo".

Ruz defiende la necesidad de establecer "una unidad orgánica de apoyo, no para todos los juzgados de España -por falta de medios-, pero sí para los especializados que lleven este tipo de causas". Y para lograr este objetivo abogó por aprovechar la reforma de la Ley de Enjuicimiento Criminal (LECrim) para crear un cuerpo fijo de funcionarios al que el juez tenga acceso inmediato para consultas, informes y orientación de la dirección de la instrucción, lo que solo se logra fomentando que estos asuntos se conozcan en determinados órganos.

Explicó, asimismo que hay un embudo final que ralentiza los procedimientos, pero, por su experiencia, la causa del atasco y, por ende, de la dilación, no está tanto en la capacidad del juez de resolver o decidir con agilidad, como en el tiempo que tarda el perito de Hacienda en emitir su informe, puesto que pueden llegar a ser cuatro, cinco o más años, sin el cual el juez no puede seguir avanzando. "Lo mismo ocurre con los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)" que, a su juicio, sigue siendo un órgano infrautilizado o infradotado.

Una batería de medidas

La reforma es mejorable", afirmó Ruz en el transcurso de su intervención en la jornada "Macro procesos judiciales de índole económica. Problemática y dificultad en su instrucción versus resultados de las sentencias existentes hasta el momento", organizada en el marco del convenio de colaboración entre el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Grant Thornton, y moderada Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal de la UCM y Director del Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal y por Fernando Lacasa, socio del departamento de Forensic Grant Thornton.

Más allá iba Pilar Peiteado, catedrática de Derecho Penal de la UCM, que en su intervención planteó una batería de medidas que, en su opinión, vendría a solventar buena parte de los problemas que plantean los macroprocesos o las macrocausas.

La primera de ellas propone instaurar una instrucción colegiada. "Del mismo modo que contamos con colegios de jueces sentenciadores, quizás tendríamos que tener colegios de jueces instructores, pero teniendo en cuenta que "no es lo mismo aumentar la planta de jueces instructores que crear colegios de jueces instructores".

"Para hacer notar que quienes defienden la figura del fiscal instructor como una gran ventaja de eficacia frente al juez instructor tienen en el fondo detrás, implícito o explícito, el hecho de que en ocasiones el fiscal no es uno solo, sino que puede ser un colegio", afirmó.

Sobre este asunto, Ruz explicó que aunque por su experiencia, suele haber una coincidencia de dirección de la instrucción entre juez y fiscal, casa mal que la última decisión sobre si en un punto de discrepancia la causa se lleva conexa o hay que partirla ya en varias piezas, no corresponda al juez y sí al fiscal.

Y explicó que "quizás tenga que llegar a corresponder al fiscal en un futuro, pero en el modelo procesal actual introduce un cierto anacronismo porque al final es el juez el que sigue decidiendo qué diligencias se adoptan y cuáles no".

Ruz aseguró que la experiencia más positiva, suele seguir siendo -y la reforma procesal en cierta medida lo permite- compartir un cierto tiempo de instrucción del grueso de estas causas en las que es muy difícil separar comportamientos delictivos porque obedecen a una estructura organizada y con un reparto de roles y funciones.

Otra de las medidas planteadas por Pilar Pleiteado se refiere a regular y plantearse la posibilidad del flujo de información entre piezas y procesos, de forma similar a lo que desde 2015 existe respecto de las diligencias restrictivas de derechos fundamentales de carácter tecnológico. En ciertos tipos de procesos se necesitaría una regulación de esas características, no referida solo a la intervención de comunicaciones telefónicas o a las diligencias tecnológicas.

Eficacia de cosa juzgada

También defendió Peiteado la introducción de la eficacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada penal. "De hecho, en algunos ámbitos muy concretos, el legislador ya se lo empieza a plantear. Quizás, la contradicción entre la sentencia de un proceso penal y la de otro proceso también penal pueda evitarse con el efecto positivo de la cosa juzgada penal", aseguró, al tiempo que proponía limitar radicalmente los recursos devolutivos en fase de instrucción, de modo que solo al final de la misma pueda planteársele a un órgano jurisdiccional superior que revise lo que se ha hecho hasta el momento.

Sacar mayor provecho

Junto a estas medidas de nueva creación, Peiteado expuso otras que ya existen pero a las que se les podría sacar mayor provecho. En esta línea, señaló, en primer lugar, la necesidad de una mayor "valentía u honestidad a la hora de aplicar todo lo que tiene que ver con la utilidad/inutilidad, pertinencia/impertinencia de las diligencias de investigación o las actuaciones de instrucción que las partes proponen".

Apostó por utilizar con mayor claridad o argumentación el archivo provisional y también por la imputación moderada o la desimputación. Y sobre la facultad del juez para acordar la formación de piezas separadas para simplificar y activar el procedimiento ex artículo 762.6ª de la LECrim, señaló que es preciso clarificar algunos extremos, como el quién, cómo, y cuándo; cómo se aplican los plazos del artículo 324 de la LECrim a lo que se ha desgajado y en qué condiciones se puede reunir lo separado.


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