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Bruselas da un paso más en la digitalización de la Justicia europea

La comisaria europea de Justicia, Vera Jourová. eE

La Comisión Europea ha propuesto modernizar y digitalizar la cooperación judicial civil y comercial transfronterizos en toda la Unión Europea con el objetivo de hacer que el acceso a la justicia civil sea más barata, más eficiente y más accesible para ciudadanos y empresas y sobre todo menos costosa.

Las propuestas obligarán a los tribunales a intercambiar documentos por medios electrónicos y promoverán el uso de videoconferencias para escuchar a testigos basados en otro país. Así lo ha anunciado Vera Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la UE: "Cada año, hay aproximadamente 3,4 millones de procedimientos judiciales civiles y comerciales transfronterizos en la UE. Cada vez más personas viven, estudian y trabajan en otros países de la Unión Europea, y las empresas se están expandiendo a través de las fronteras. Esta propuesta les dará acceso a una justicia transfronteriza más rápida y asequible".

Las propuestas presentadas actualizarán la normativa europea de 2007 sobre transmisión de documentos judiciales y la de cooperación entre órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Los tribunales tendrán que intercambiar documentos electrónicamente transfronterizos para evitar que los sistemas de justicia de ambos Estados presenten los documentos por correo, provocando más demora por la lentitud del proceso y los costos que implica. A su vez, se cambiarán las comunicaciones de los canales en papel a electrónicos para conseguir ahorrar aproximadamente entre 30 y 78 millones de euros al año en toda la UE.

Otra de las medidas es introducir un comprobante de devolución uniforme para los documentos enviados a personas y empresas por correo postal, ya que en la actualidad, existen muchos problemas para recibir documentos transfronterizos, ya que los comprobantes de devolución varían y, a menudo, no se completan correctamente. Se estima que con esta mejora se podrían ahorrar más de 2,2 millones de euros cada año.

Promover el uso de la videoconferencia facilitará que las personas sean escuchadas sin necesidad de que viajen a otro país y permitirá ahorros. El costo de una audiencia transfronteriza de una parte o de un testigo llevada a cabo a través de videoconferencia cuesta unos 100 euros, en el caso de una audiencia física entre 400 y 800 euros. Las normas fortalecerán los derechos de la defensa y aclarará cuándo y cómo las personas pueden ejercer el derecho de rechazo.

El Marcador de Justicia de la UE 2018 evidenció que el uso de herramientas TIC todavía es limitado y que en más de la mitad de los Estados miembros, la presentación electrónica de reclamaciones casi no existe. Sobre su uso entre tribunales y abogados, una encuesta muestra que estas herramientas se usan en solo 12 de los 22 Estados.

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