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Interrumpir un proceso sancionador no amplía el plazo de su caducidad

  • Obliga a acabar con el proceso 18 meses después del inicio del expediente
Foto: Archivo

El Tribunal Supremo establece que el plazo de tramitación real y funcional de un expediente sancionador en materia de competencia, globalmente considerado, no puede superar en ningún caso los 18 meses que la Ley de Competencia y su reglamento de desarrollo establecen. "Es decir, que aún sumando a la fecha inicialmente establecida como de término de esos 18 meses, los periodos temporales de suspensión del trámite procedimental, el plazo resultante, íntegra y globalmente contemplado, no puede superar 18 meses", precisa el Supremo.

Sin embargo, la sentencia, de 23 de abril de 2018, permite la posibilidad de acordar una segunda suspensión, o sucesivas suspensiones, dentro del plazo global máximo de tramitación de 18 meses, incluido dentro de dicho plazo el sobrevenidamente resultante de una suspensión precedente. "Y eso es justamente lo que ha ocurrido en el concreto caso que se resolvió por la sentencia ahora combatida en el presente recurso de casación, pues a lo largo de la tramitación del expediente sancionador de autos se acordaron sucesivas suspensiones del plazo, por razones que no han sido cuestionadas en cuanto a su pertinencia", explica el magistrado Córdoba, ponente de la sentencia.

Según el Supremo, lo que importa resaltar es que todas esas suspensiones se acordaron dentro del plazo de 18 meses, computado este con arreglo a las pautas que se acaban de expresar. "Esto es, todas las sucesivas suspensiones se adoptaron, bien dentro del plazo primero de 18 meses medidos a partir de la fecha de incoación del procedimiento, bien dentro del plazo ampliado resultante de la adición, al término final de ese plazo primero, de los días en que el expediente permaneció suspendido en tiempo y forma", añade.

El Supremo entiende que el hecho de que se acordase alguna suspensión del plazo para resolver dentro del llamamos "plazo ampliado" no implicó que se sobrepasaran realmente los 18 meses que la Ley fija como plazo de tramitación máximo. "El hecho de que al plazo legal e inicialmente establecido se le adicionen los días en que el procedimiento ha estado suspendido en legal forma, no hace más que salvaguardar la integridad y la funcionalidad de la previsión normativa sobre el plazo máximo conferido a la Administración", subraya la sentencia.

"Previsión, esta, que es ciertamente una garantía para el ciudadano puesto que evita que un procedimiento sancionador pueda estar indefinidamente abierto". Sin embargo, el fallo del Supremo también destaca que "opera como una garantía para la Administración, en la medida que le confiere un plazo predeterminado para tramitar, resolver y notificar, que es el que se ha estimado adecuado y congruente con la naturaleza del procedimiento y los intereses en juego".

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