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Justicia abre consulta sobre la Ley del Derecho de Defensa

El ministro de Justicia, Rafael Catalá. eE

El Ministerio de Justicia ha abierto el periodo de consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, una de las normativas más esperadas por el mundo del Derecho español.

El titular de Justicia, Rafael Catalá, se reunió el pasado jueves con los presidentes de los Consejos Generales de la Abogacía -Victoria Ortega-, Procuradores -Juan Carlos Estévez- y de los Graduados Sociales -Javier San Martín-, a quienes invitó a que presenten sus opiniones sobre los problemas que se deben solucionar con esta iniciativa; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos que debe tener la norma; así como las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias que podrían plantearse.

Estas corporaciones, como el resto de las instituciones y ciudadanos particulares que deseen plantear sus observaciones al Ministerio de Justicia cuentan con 15 días, hasta el 27 de marzo, para hacerlo.

La futura Ley, demandada desde los distintos colectivos de la Justicia española deberá aportar una seguridad jurídica, con la que actualmente no cuenta ante la enorme dispersión legislativa que existe en la actualidad sobre el desarrollo de derecho de defensa.

Así, en el Anteproyecto de Ley se deberán incluir asuntos como el del derecho a la tutela judicial, que deberá articular la extensa jurisprudencia que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han ido emitiendo desde la entrada en vigor de la Constitución española. De esta forma, se podrán mejorar numerosos aspectos que aún tienen una interpretación poco clara.

La parte central de la futura Ley Orgánica deberá centrarse en el derecho sustantivo del justiciable a la defensa, articulando sus elementos, contenido y los límites en los que será posible ser asistido por abogado, procurador o graduado social -en el ámbito social- para poder ejercitarlo.

Un capítulo que tendrá que ser recogido con detalle es el de la confidencialidad entre el ciudadano y su defensor, lo que debería obligar a clarificar las posibilidades y límites para aplicar las escuchas tanto ambientales como realizadas con autorización judicial.

Las obligaciones de los abogados, procuradores y graduados sociales vienen recogidas en el Título II de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Otra normas fundamentales sobre la actuación de estos tres colectivos profesionales son sus Estatutos, regulados simplemente mediante la figura del Real Decreto. En ellos se regulan que sus obligaciones para con la parte defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional.

Unificar la regulación

En los últimos años, además, se han producido unas reformas legales de gran trascendencia que afectan a la ordenación de las profesiones colegiadas; en concreto, la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la de sociedades profesionales; la de acceso a las profesiones de abogado y procurador y el Reglamento que la desarrolla; y la del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Estas diferencias de rango normativo han aconsejado la adopción de la forma de Ley Orgánica.

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