Empresarios y economistas exigen seguridad jurídica

Vista de la mesa de ponentes, presidida por Rafael Catalá, en la presentación ayer de las propuestas. eE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado de acuerdo con las 14 propuestas planteadas por el Consejo General de Economistas y la patronal CEOE para mejorar la Justicia, presentadas ayer, y afirmó que "la falta de seguridad jurídica y de respeto a la convivencia frenan el crecimiento".

Por ello ha abogado por que el Parlamento alcance acuerdos para desarrollar un marco que permita aumentar la confianza de los inversores y apuntado la necesidad de profundizar en la agilización del funcionamiento de la Justicia, en las reformas dirigidas a desincentivar la litigiosidad y en la mejora de la Ley Concursal, para la que apostó por un texto refundido que sistematice su articulado, evite duplicidades y sea homologable con la normativa de la Unión Europea.

Catalá recordó ayer que llega el tiempo de "poner sobre la mesa asuntos de vital importancia", como el Código Civil, el Código Mercantil, la Ley de Enjuciamiento Civil y la reforma de la Ley Hipotecaria.

Además, recordó que es necesario seguir avanzando, en la digitalización de la Justicia, sobre la que destacó que el año pasado se contabilizaron 80 millones de comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de Justicia.

Finalmente, explicó que "debemos fomentar la mediación, el arbitraje y la jurisdicción voluntaria. A día de hoy, 500.000 asuntos que antes hubiesen sido gestionados en la Administración de Justicia ante los tribunales, hoy están siendo resueltos mediante los procedimientos de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria", aseveró Catalá.

Valentín Pich, presidente del Consejo de Economistas se mostró de acuerdo de que en 2018 se vaya a implantar también la plataforma digital LexNET para todos los administradores concursales, reivindicación que el colectivo de economistas ha estado impulsando en los últimos años, que redundará en una mayor eficiencia en la gestión de los concursos de acreedores.

Pich manifestó que "uno de los aspectos a tener en cuenta en esta reforma pasa por replantear el papel privilegiado de los créditos públicos en los acuerdos de refinanciación, ya que la tendencia a la baja en la utilización de este tipo de acuerdos -a los que no está obligados a concurrir el crédito público- (un 24 por ciento menos en 2017, según datos del Registro de Economistas Forenses, REFOR, hace pensar que la pequeña y mediana empresa en nuestro país no ve en ellos una solución a sus problemas de solvencia".

Factores para invertir

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, señaló que "dentro de los factores que los inversores tienen en cuenta a la hora de apostar por un país están la existencia de una legislación clara, práctica y razonable y un sistema judicial predecible, ágil y eficiente" y apostó por una normativa europea sobre las juntas generales de las sociedades.

Las propuestas, discutidas por un amplio número de especialistas en unas jornadas celebradas este pasado verano en Santander, parten de la necesidad de redefinir la planta judicial y el modelo de juzgado, con la desaparición de los partidos judiciales y la propuesta de creación de tribunales provinciales, recogida en el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de 2014. En la misma línea se apoya la especialización de los juzgados y la dotación de más medios y aumentos de plantillas de jueces y fiscales. Junto con la digitalización de la Justicia se apuesta por agilizar los procedimientos judiciales y potenciar el principio de seguridad jurídica.

Se propone favorecer la mediación como fórmula de la solución de disputas y en el ámbito concursal eliminar los privilegios del crédito público y laboral.


PUBLICIDAD


Contenido patrocinado

Otras noticias


Comentarios 0


Iuris

Viernes, 8 de Junio de 2018


Blogs





Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies

Empresarios y economistas exigen seguridad jurídica - elEconomista.es