Evita la prescripción inspectora sólo un intento de comunicar la liquidación

Más noticias sobre:
Foto: Archivo
Enlaces relacionados

Consulte la sentencia



Para evitar la paralización injustificada de actuaciones inspectoras por más de seis meses, basta con que la Inspección efectúe un mero intento de notificación de la liquidación tributaria.

Así lo establece el Tribunal Supremo, en una sentencia de 4 de enero de 2018, sobre un primer intento de notificación en un domicilio erróneo y de un segundo realizado el mismo día en el domicilio fiscal.

El ponente, el magistrado Aguallo Avilés, descarta que sea preciso cumplir el artículo 150.2 del la Ley general Tributaria (LGT), que exige, a esos efectos, actos de la Inspección realizados con conocimiento formal del interesado.

Así, el intento de notificación en el domicilio del representante legal se considera una actuación válida, encaminada a concluir el procedimiento y recogida en el expediente, y, como tal, eficaz para impedir que se produjera una interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras y que, por tanto, tuviera lugar la prescripción.

Sin acción administrativa

El intento de notificación en el domicilio del representante legal de la sociedad no volvió a interrumpir la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, en la medida en que "no existió ninguna acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario", tal y como regula el artículo 68.1.a) de la LGT.

Y, además, concluye que no pudo haberse admitido como segundo intento, a los efectos de poder acudir a la notificación por comparecencia, porque, abstracción hecha de la validez del primer intento, no cumplía con los requisitos establecidos en la norma para ser calificado como tal -artículos 109 y 112 de la LGT y artículo 59.2 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Considera el magistrado Aguallo Avilés que el artículo 104.2 de la LGT es aplicable a las actuaciones inspectoras, en primer lugar, porque el precepto está ubicado en la LGT, en el Capítulo II -Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios- del Título III -La aplicación de los tributos-, que establece disposiciones que también son aplicables al procedimiento inspector.

En segundo lugar, porque el artículo 104 de la LGT viene a abarcar tanto a los procedimientos en los que el vencimiento del plazo máximo de resolución supone la caducidad como a los que no -como el procedimiento inspector-, al señalar, en su apartado 4, que "en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos previstos en la normativa reguladora de cada procedimiento de aplicación de los tributos". Y, en tercer lugar porque el artículo 150.1 de la LGT, en la redacción vigente en el momento de autos, señala que "a efectos de entender cumplida la obligación de notificar y de computar el plazo de resolución serán aplicables las reglas contenidas el artículo 104.2 de esta Ley". 

Aunque el artículo 104.2 de la LGT no se refiere a la interrupción injustificada de actuaciones inspectoras, sino que se limita a regular la eficacia de un único intento de notificación para entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, tiene un valor incuestionable para interpretar el alcance del artículo 150.2 de la LGT.


PUBLICIDAD


Contenido patrocinado

Otras noticias


Comentarios 0

Deja tu comentario

Comenta las noticias de elEconomista.es como usuario genérico o utiliza tus cuentas de Facebook o Google Friend Connect para garantizar la identidad de tus comentarios:

Usuario

Facebook

Google+


elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios y las mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.

Iuris

Viernes, 9 de Febrero de 2018


Blogs





Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens

Evita la prescripción inspectora sólo un intento de comunicar la liquidación - elEconomista.es