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El micromecenazgo tendrá que identificar a sus clientes

Foto: Archivo

Las plataformas de financiación participativa -conocidas popularmente como de crowdfunding-, de las que hay 21 autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quedarán obligadas a identificar a sus clientes una vez que entre en vigor la ley que modificará la Ley de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que actualmente se encuentra en fase de información pública. Esta medida afecta a las plataformas de valores y de préstamos.

A estas entidades se les imponen todas las obligaciones en materia de identificación de clientes, conservación de documentos, identificación del titular real, conocimiento del propósito e índole de la relación de negocios y seguimiento continuo de la relación de negocios.

Se les exige también detectar, analizar y en su caso comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión cualquier operación con indicios o sospecha de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. La obligatoriedad o no de establecer procedimientos específicos de control interno dependerá de la dimensión concreta de cada entidad, el número de empleados y su volumen de negocio anual.

Gestor de fondos de titulación

Por otra parte, a las Entidades Gestoras de Fondos de Titulización, de las que hay actualmente autorizadas por la CNMV un total de siete, se les imponen también todas estas obligaciones, aunque en algunos casos, el impacto efectivo en estas entidades será limitado, por cuanto que se trata de entidades que forman parte de grupos financieros de mayor tamaño donde ya existen, para otros sujetos, mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implantados.

Se genera una nueva exigencia para todos los sujetos obligados con un volumen de negocio anual que supere los 2 millones de euros o que tengan más de diez empleados, como es la creación de un canal interno de denuncias de empleados de potenciales incumplimientos de la Ley o de los procedimientos preventivos que la propia entidad hubiera puesto en marcha para garantizar su aplicación práctica.

Asimismo, el cambio del ámbito del Fichero de Titularidades y la inclusión de un nuevo producto a registrar, esto es, las cajas de seguridad, determinan un incremento en las obligaciones de comunicación mensual atinentes a las entidades de crédito. Se trata de una carga mensual, que afecta a todas las entidades de crédito que operan en España, y que tendrá un coste unitario de 4 euros.

No obstante, el número concreto de cajas de seguridad que hay en España en estos momentos es aún desconocido, por lo que no cabe estimar el importe concreto del coste que genera esta declaración. En todo caso, es preciso resaltar que el coste residual será limitado por cuanto que el sistema de declaración mensual lleva ya un año en funcionamiento, con lo que el sistema informático se encuentra en marcha y funcionando, también en las entidades de crédito.

Finalmente, será obligatorio que quienes prestan profesionalmente servicios a sociedades o fideicomisos se registren. Al ser una actividad no reservada, no es posible estimar el número de afectados por una parte importante de los más de 250.000 abogados colegiados en España -ejercientes y no ejercientes- se verán sometidos a esta obligación, cuyo incumplimiento se sanciona con un mínimo de 6.000 euros.

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