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Una pena superior a un año de prisión no basta para dictar la expulsión

  • El Derecho de la UE concede a estos extranjeros una protección reforzada
Foto: Archivo

España no puede adoptar una decisión de expulsión contra un nacional de un Estado no miembro de la Unión Europea (UE), residente de larga duración, por la mera razón de que haya sido condenado a una pena privativa de libertad superior a un año.

Los Estados miembros únicamente pueden tomar una decisión de expulsión contra un residente de larga duración cuando éste represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública.

Así se establece en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), de 7 de diciembre de 2017, en la que recuerda que el objetivo principal de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración,es la integración de los nacionales de países no miembros de la UE que se han instalado permanentemente en los Estados miembros y que deben gozar a tal fin de una protección reforzada contra la expulsión.

El magistrado ponente indica que antes de adoptar una decisión de expulsión contra un nacional de un Estado no miembro de la Unión Europea, residente de larga duración, los Estados miembros deben tomar en consideración la duración de la residencia en su territorio, la edad de la persona implicada, las consecuencias para él y para los miembros de su familia y los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen. Por lo tanto, concluye el ponente, que es indiferente que tal medida haya sido acordada como sanción administrativa o que sea consecuencia de una condena penal.

En la sentencia también se recuerda que una medida de expulsión no puede adoptarse de modo automático a raíz de una condena penal, sino que requiere una valoración caso por caso que debe recaer, en particular, sobre los aspectos mencionados.

En el caso en litigio, un nacional colombiano que había obtenido en 2013 un permiso de residencia de larga duración en España, fue posteriormente condenado a dos penas de prisión de doce y tres meses, respectivamente, como consecuencia de las cuales ingresó en prisión en 2015.

Seguidamente se acordó abrir un expediente administrativo de expulsión contra él. El 29 de junio de 2015, la Delegación del Gobierno en Navarra adoptó una resolución por la que se ordenaba la expulsión del nacional colombiano del territorio español.

Esta resolución iba acompañada de una prohibición de entrada en España durante cinco años y de la extinción de su permiso de residencia de larga duración. En el ordenamiento jurídico español se puede expulsar a un extranjero por sanción impuesta por la comisión de infracciones administrativas o como consecuencia de una pena de cárcel superior al año.

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