Justicia logra 65,7 millones más para digitalizar juzgados

  • Se dará cobertura a 18.000 usuarios y a 200 sedes judiciales en España
Foto: Archivo

El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que autoriza una inversión de 65,7 millones de euros para la celebración de un contrato destinado a la gestión integral del servicio a usuarios y sedes de la Administración de Justicia en el marco del compromiso del Gobierno con la transformación digital de la Justicia.

La duración del contrato será de dos años prorrogables por otros 22 meses más e incorpora estándares de medición de la satisfacción y de compromiso en la calidad de la prestación del servicio.

Con respecto al contrato actualmente vigente, el autorizado ahora supone un significativo incremento de los servicios y un mayor alcance en cuanto a usuarios y equipamientos afectados.

Así, bajo el paraguas de este nuevo contrato se dará cobertura a un total de hasta 18.000 usuarios, frente a los 14.500 del expediente anterior y a 200 sedes repartidas por el territorio nacional. Asimismo, se gestionará el mantenimiento de un mayor número de ordenadores portátiles, tablets y equipos multifunción, además de escáneres y equipamientos de salas de vista.

Sistema de gestión procesal

El objetivo de Catalá es completar el desafío de una transformación digital completa de la Justicia, para lo que considera que se debe seguir el camino trazado con la proliferación de comunicaciones electrónicas que ya han alcanzado los 150 millones y trabajar por la implantación de un sistema de gestión procesal común en todas las comunidades autónomas.

En su esfuerzo por conseguir una mejor dotación de medios electrónicos a la Justicia, Catalá logró para este año un incremento de los Presupuestos Generales para este Departamento, que supone un incremento del 7,7 por ciento con respecto al ejercicio pasado, lo que supone un total de 1.700 millones.

Además, el ministro apuesta por aplicarse para que la Justicia se perciba como el servicio independiente y profesional que en realidad es, situarlo en sintonía de la realidad social, cuidando y protegiendo a los sectores más vulnerables y contribuyendo a la plena seguridad jurídica como palanca del crecimiento económico y el progreso social.

El contrato persigue la implantación, monitorización y control de los servicios de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, la atención a usuarios y el soporte técnico en las sedes hardware y software. No comprende, no obtante,en ningún caso, la adquisición de nuevos equipos sino la mejora de su uso, así como la instalación y el control de los ya existentes, además de una prestación más efectiva de la atención y soporte tecnológico en la sede judicial.

Para el Ministerio de Justicia, encabezado por Rafael Catalá, el desarrollo de la legislación en materia de Administración electrónica hace necesario disponer de un catálogo de servicios que proporcionen una alta disponibilidad en los servicios informáticos ofrecidos a la Administración de Justicia e implantar los sistemas de monitorización y seguridad necesarios para su supervisión.

En este sentido, en los últimos dos años se han realizado importantes inversiones tanto para el desarrollo de soluciones tecnológicas como para la adquisición de suministros. En la actualidad, desde el Ministerio de Justicia se están impulsando iniciativas para mejorar la atención a usuarios y sedes en la Administración de Justicia a través de una gestión integral del servicio.


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