Hacienda destaca el 'efecto anuncio' del Código Penal

  • Debatesobre las entradas domiciliarias y el fraude en fase de recaudación
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"La actuación en sede penal de la persecución de conductas de insolvencia punible impone unas reglas especiales en materia de procedimiento penal, prueba, prescripción y autoría -que a veces se adecúan difícilmente a la actuación ejecutiva ordinaria de la inspección", ha reconocido Diego Chacón, jefe del Área de delito recaudatorio del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, en el transcurso de su intervención en Barcelona, en los XVII Encuentros Tributarios de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), ha valorado,el "efecto anuncio" para la prevención del delito, que conlleva una pena de prisión, porque "añade un elemento más a valorar por el delincuente fiscal, y un elemento de peso, antes de materializar un vaciamiento culpable en su patrimonio".

Aseguró, también, que en un escenario de fraude fiscal complejo y planificado, las conductas afectan, cada vez más a la fase de recaudación, por lo que "el uso de la represión penal de tales comportamientos no debe ser solo una opción más de actuación a disposición de los órganos de Hacienda, sino que debe convertirse en un escenario potente cuando el agotamiento previo de una actuación ejecutiva se ha demostrado insuficiente".

Javier Zuloaga, socio de PwC , explicó que la doctrina jurisprudencial apunta a que en ciertos supuestos sí es posible ejercer una acción civil resarcitoria a través del monto impagado en el proceso penal, especialmente cuando no es posible la declaración de ineficacia sobrevenida de los negocios realizados en fraude del acreedor.

Inviolabilidad del domicilio

Sobre la entrada en el domicilio, Emilia Giménez Yuste, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) , recordó el artículo 18 de la Constitución, así como el 113 y 142 de la Ley General Tributaria (LGT) que apuntan a la inviolabilidad del domicilio, por lo que advirtió que "fuera del consentimiento o del flagrante delito, solo cabe entrada o registro domiciliario sobre la base de una resolución judicial". "Se presupone -manifestó- que la autorización de entrada a un domicilio tiene como precedente un acto administrativo que necesita ejecución, por lo que se requiere acreditar que el acto a ejecutar no ha sido impugnado o no se ha acordado la suspensión".

Consideró, además, que el juez unipersonal no tiene relación con el procedimiento que precede a la solicitud porque los actos en materia de tributos estatales se recurren ante los tribunales económicos administrativos y después ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa (TEAC o AN).

La magistrada defendió el no cuestionamiento de la competencia de los juzgados para otorgar estas autorizaciones de entradas domiciliarias, aunque abogó por una nueva regulación más precisa en algunos términos, para que quede claro que, efectivamente, la competencia que se atribuye al juez en el artículo 8.6 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LRJCA) se corresponde con la autorización del artículo 142 de la Ley General Tributaria.

Diego Artacho, socio del despacho Rousaud Costas Durán criticó que la AEAT -no siempre-, utiliza la autorización judicial en sede contencioso administrativa, cuando en realidad, además de perseguir la detección de un posible fraude fiscal, tiene constancia, de la existencia de un delito contable.


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Viernes, 8 de Diciembre de 2017


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