La falta de autor conocido no deriva el delito a la sociedad

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El hecho de que la mera acreditación de la existencia de un hecho descrito como delito, sin poder constatar su autoría o, en el caso de la concurrencia de una eximente psíquica, sin que tan siquiera pudiera calificarse propiamente como delito, por falta de culpabilidad, pudiera conducir directamente a la declaración de responsabilidad de la persona jurídica, nos abocaría a un régimen penal de responsabilidad objetiva que, en nuestro sistema, no tiene cabida.

Así, se determina en una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 30 de junio de 2017, en la que se concluye que el análisis de la responsabilidad de la persona jurídica, manifestada en la existencia de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito, es esencial para llegar a condenar.

La ponente, la magistrada Navares Villar, determina que si la acusación se ha de ver obligada, para sentar los requisitos fácticos necesarios en orden a calificar a la persona jurídica como responsable, a afirmar la inexistencia de tales controles, "no tendría sentido dispensarla de la acreditación de semejante extremo esencial para la prosperidad de su pretensión".

Al amparo de dicha doctrina y de una manera simplificada, la persona jurídica solamente responderá penalmente cuando además de acreditarse la comisión de un hecho delictivo por alguna de las personas físicas a las que se refiere el apartado primero del artículo 31 bis del Código Penal (CP), se pruebe también que la persona jurídica no adoptó las medidas de control adecuadas y necesarias para la evitación de la comisión de delitos. Además, señala que la acreditación de tales extremos corresponde, a las acusaciones, pública y privada.

Defectos organizativos

"No nos hallamos, por lo tanto, ante una responsabilidad objetiva sino ante una responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo en donde no caben presunciones iuris tantum -automáticas- puesto que una vez acreditado el delito cometido por la persona física no cabe presumir de manera automática que ha habido un defecto de organización o que no se han adoptado las medidas necesarias de control, sino que necesariamente y por imperativo del principio de culpabilidad se han de probar esos defectos organizativos o la ausencia de medidas de control". Y recuerda la magistrada que la sentencia de 16 de marzo de 2016 establece que "la persona jurídica no es responsable penalmente de todos y cada uno de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y en su beneficio directo o indirecto por las personas físicas a que se refiere el artículo 31 bis 1 b). Solo responde cuando se hayan "... incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del caso". Concluye de esta forma, que los incumplimientos menos graves o leves quedan fuera de la responsabilidad penal de los entes colectivos, empresas e instituciones.

La determinación de actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de cada una de las personas físicas que la integran.

Esta cultura habría de manifestarse en formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de directivos y subordinados, para evitar la comisión por éstos de los delitos enumerados en el Libro II del CP como posibles antecedentes de la responsabilidad de la persona jurídica.


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Comentarios 1

#1
04-09-2017 / 22:23
Puntuación 1

so cute and good thanks.

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