'Iuris&Lex' explica al detalle la nueva contratación pública

10/08/2017 - 19:34
Foto: Archivo

La falta de atención mediática que está recibiendo el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público -salvo por parte de elEconomista y su revista jurídica digital Iuris&Lex, que han venido informando puntualmente de su tramitación- contrasta con la enorme trascendencia que la norma tiene para la economía y el desarrollo del país.

Consulte aquí, a partir de esta noche, el nuevo número de Iuris&Lex

La contratación pública representa en torno al 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en España. Recientemente, un informe elaborado por la ONG Transparencia Internacional y el Observatorio para la Contratación Pública alertaba de que las ineficiencias o las irregularidades en los procesos de licitación y adjudicación tienen un coste para las arcas públicas de, al menos, 20.000 millones de euros anuales.

Iuris&Lex, que desde esta noche puede descargarse en Ecoley, analiza al detalle cómo serán los nuevos contratos con el sector público. La normativa pone el foco en la corrupción y busca más transparencia en la adjudicación de los contratos. Además, el Proyecto de Ley quiere incluir un nuevo criterio para la contratación pública, basado en estándares de calidad-precio y la contratación responsable.

Además, la revista recoge los problemas de Lexnet que han agitado el fin del curso judicial. La seguridad del sistema es un elemento fundamental por los datos y la información que en él se contienen. En concreto, las brechas de seguridad detectadas en Lexnet han llevado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a anunciar el inicio de actuaciones previas de investigación, después de que el propio Ministerio de Justicia le notificara el viernes los incidentes registrados.

'Desconexión digital'

Aunque Iuris&Lex no entiende de desconexiones y descanso estival -puesto que en este mes de agosto también recoge todas las novedades jurídicas en sus casi 70 páginas- la revista sí examina la denominada desconexión digital y publica que el Ministerio de Empleo ve muy difícil que este complejo asunto pueda regularse.

El garantizar el derecho a la desconexión digital es uno de los objetivos irrenunciables que se ha fijado Empleo para esta legislatura, pero desde el Ministerio admiten que es prácticamente imposible que su concreción tenga forma de una reforma legal impulsada desde el propio departamento. Su traducción normativa, explican, deberá surgir de la negociación entre empresarios y trabajadores, y no de una modificación del Estatuto de los Trabajadores (ET) o de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como han reclamado recientemente el PSOE o la UGT. La complejidad de la materia plantea un desafío.


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