Medidas antiblanqueo para las compras de no residentes de más de 10.000 euros

10/05/2017 - 20:54
  • Economía abre la consulta pública de la Ley previa a la redacción del proyecto
  • La norma también plantea una potenciación de los mecanismos de denuncia

La reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales rebajará de 15.000 a 10.000 euros el valor de los bienes en efectivo vendido a personas no residentes por encima del cual, el comerciante debe aplicar medidas de prevención del blanqueo. Así aparece en el texto de la consulta pública abierta por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, previa a la redacción del proyecto de ley. Las aportaciones podrían realizarse hasta el 10 de junio.

En concreto, el texto asevera que se reformarán "los umbrales para la consideración como sujetos obligados de las personas que comercien con bienes en efectivo. Este umbral debe reducirse de los 15.000 euros actuales a los 10.000, de cara a dar cobertura a los pagos en efectivo realizados por no residentes, cuyo límite máximo actual se sitúa en 15.000 euros". 

Tal y como explica el Ministerio de Economía, en contra de algunas interpretaciones, no se prohíben los pagos en efectivo por encima de 10.000 euros, sino que por encima de esa cantidad, y hasta 15.000 euros, deberán aplicarse las medidas previstas en la ley. Los pagos en efectivo por encima de 15.000 euros están prohibidos. 

Con esta reforma, el Ejecutivo pretende modificar la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para adecuarla a los contenidos de la Directiva 849/2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. 

Las revisiones previstas no suponen una modificación fundamental en el régimen de prevención del blanqueo de capitales, pero sí pretenden mejorar el sistema punitivo y articular mecanismos que faciliten la comunicación segura de los incumplimientos de la normativa en que puedan incurrir sus destinatarios. 

Objetivos

Además de rebajar el umbral para la consideración como sujetos obligados para quienes comercien con bienes en efectivo, la reforma pretende actualizar el régimen de sanciones a imponer en el supuesto de la comisión de infracciones por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley, compatibilizándolo con los límites máximos previstos en la Directiva.

Asimismo, se busca incorporar al ordenamiento español un sistema que favorezca la detección de la comisión de infracciones, mediante la potenciación de los mecanismos de denuncia, tanto internos de las entidades, como externos, de comunicación a las autoridades de potenciales infracciones. 

Otros de los cambios previstos son la modificación del concepto de grupo empresarial para alinearlo con lo dispuesto en la Directiva 849/2015; crear un registro de personas que se dediquen profesionalmente a la prestación de servicios a sociedades y estructuras jurídicas sin personalidad, de cara a garantizar una mejora del control y conocimiento de los prestadores de servicios de este tipo, facilitando su supervisión; y revisar el concepto de país tercero equivalente en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (un concepto que casi desaparece de la nueva normativa europea y deberá ser objeto de una redefinición en la norma española). 

Economía también busca incorporar la obligatoria aplicación de medidas de diligencia reforzada en relación con los países de la lista elaborada por la UE de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 849/2015. Y, finalmente, aclarar las limitaciones al uso de la información recopilada por los su jetos obligados en la aplicación de las medidas de diligencia debida, de cara a la mejor protección de los datos conservados en cumplimiento de la Ley.

Posibles soluciones alternativas

A pesar de que la Directiva acota -o directamente impone- algunas soluciones regulatorias, el documento resalta los aspectos en los que cabe optar entre distintas soluciones. 

En relación al sistema de denuncias a la Administración de los incumplimientos, el texto solicita propuestas sobre los mecanismos técnicos y jurídicos que permitan garantizar la confidencialidad de las denuncias, así como los requisitos mínimos que las mismas deben contener. 

También muestra interés por cómo articular los sistemas de denuncias en el seno de los sujetos obligados. "Particularmente, interesa conocer las sugerencias relativas a la forma en que se deberían complementar estos mecanismos con los que puedan existir para otros ámbitos normativos, particularmente en el sector financiero", explica.

Otro de los puntos en los que plantea alternativas es en la desaparición de la lista europea de países equivalentes y opciones alternativas para la aplicación de este concepto, que subsiste en la Directiva como tal, en algunos artículos concretos.

Finalmente, Economía requiere la elaboración de propuestas es en relación al sistema y las características del registro de personas y entidades que presten servicios a sociedades. Asegura que dada la multiplicidad de funciones que pueden llevar a cabo un prestador de servicios a sociedades, el potencial número de sujetos afectados por esta obligación de registro es muy elevado. "En muchas ocasiones, los profesionales del Derecho pueden llevar a cabo de manera esporádica o anecdótica alguno de los servicios enumerados, no siendo sin embargo su actividad principal o típica. En esta línea, interesa conocer las propuestas y sugerencias que pudieran existir de cara a cumplir con este requisito de registro", concluye el texto.


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