El Consejo de Europa aprueba un conveniode Derecho Penal

  • Se incluyen nuevos delitos para combatir el tráfico internacional de bienes culturales
Foto: Archivo

El Consejo de Europa ha aprobado un nuevo convenio de Derecho Penal para prevenir y combatir el tráfico y la destrucción ilícitos de bienes culturales, dentro de las acciones para combatir terrorismo y delincuencia organizada.

El próximo 19 de mayo, en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los 47 Estados del Consejo de Europa, se pondrá a la firma de los Estados que quieran obligarse a cumpir esta Convención, que será el único tratado internacional que se ocupe específicamente de la penalización del tráfico ilícito de bienes culturales.

En su texto se establecen una serie de delitos, como el robo; la excavación sin autorización; importación y exportación ilegal; y la adquisición y colocación ilegales en el mercado. Además, se penaliza la falsificación de documentos y la destrucción o daño de bienes culturales cuando se cometen de una forma intencionada.

Se incluyen circunstancias agravantes cuando estos delitos se cometan por profesionales que abusan de la confianza depositada en ellos o por funcionarios públicos responsables de la conservación de los bienes culturales. Otras circunstancias agravantes son las que se cometen en el marco de una organización delictiva o cuando se trate de un reincidente.

En la misma línea, se prevén medidas preventivas tales como el establecimiento de inventarios nacionales, accesibles al público, de bienes culturales y la introducción de la obligación de los comerciantes de arte y antigüedades, casas de subastas y otras personas involucradas en el comercio de segunda mano para establecer registros de sus transacciones.

El tratado es coherente con la actual tendencia legal hacia el reconocimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos cometidos por determinadas personas físicas.

La intención es que las empresas comerciales, asociaciones y personas jurídicas similares sean responsables de acciones penales realizadas en su beneficio por cualquier persona que ocupe una posición de liderazgo en ellas o en los casos en que una persona en posición de liderazgo no supervise o controle a un empleado o agente de la entidad, permitiéndole cometer cualquiera de los delitos mencionados en la Convención en beneficio de la entidad.

Además, los Estados firmantes podrán imponer la responsabilidad a una persona jurídica cuando el delito no sea cometido por un alto responsable, sino por otra persona que actúe bajo la autoridad de la entidad, como empleados o agentes siempre que actúen dentro de sus atribuciones.

La responsabilidad en estos casos puede ser Penal, Civil o Administrativa, puesto que deja libertad a cada Estado siempre que la sanción o medida se pueda considerar "efectiva, proporcionada y disuasiva e incluya sanciones monetarias".


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Viernes, 11 de Agosto de 2017


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