En vigor, la Ley de restitución de bienes culturales evadidos del país

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Hoy entra en vigor la Ley 1/2017, de 18 de abril, que regula las condiciones de restitución de bienes culturales que hayan salido ilegalmente del territorio español y se encuentren en otro Estado de la Unión Europea (UE).

La norma, que ayer se publicó en el BOE, instituye también una acción de restitución a presentar ante las autoridades españolas sobre este tipo de bienes que hayan salido de otro Estado miembro y que encuentren en territorio español.

Se trata de la transposición de la Directiva 2014/60/UE, en la que se cumplimentan todos los requerimientos de ésta mediante la regulación de la acción de restitución, la remisión de los trámites para su ejercicio a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) -sobre los juicios verbales-, y a las de legitimación activa y pasiva, así como a los requisitos de admisión de la demanda y al contenido de la sentencia que recaiga sobre el caso.

Se incluyen, además, reglas especiales sobre la indemnización equitativa que eventualmente haya que satisfacer, al tiempo que se alude al Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), y se modifican los plazos prescritos en la Directiva.

Autoridad competente

La Secretaría de Estado de Cultura o el órgano de la Administración del Estado que asuma sus competencias en materia de patrimonio histórico, será considerada Autoridad Central.

Las competencias de esta Autoridad serán de cooperación y fomento de la concertación entre las autoridades nacionales competentes de los Estados de la UE. Tratará de localizar, a petición del Estado requirente, un bien cultural concreto que haya salido de forma ilegal de su territorio de dicho y buscará identificar al tenedor del mismo. Notificará el hallazgo a los Estados miembros interesados, en caso de descubrir bienes culturales en su propio territorio. Verificará que se trata de un bien cultural y adoptará las medidas necesarias para la conservación material de ese bien cultural, evitando que se eluda la restitución. Y, finalmente, actuará como intermediario entre el tenedor y el Estado requirente.


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Viernes, 8 de Diciembre de 2017


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