Despreciar un fallo del TC es ir en contra de la Constitución

  • Si un funcionario se niega a ejecutar un fallo, viola el "Estado de Derecho"
Foto: Archivo

"Despreciar una sentencia de un Tribunal Constitucional (TC) equivale a desestimar la Constitución y al Poder Constituyente que atribuye la competencia para asegurar esta supremacía a la Corte Constitucional. Cuando un funcionario público se niega a ejecutar una sentencia del TC, viola los principios del Estado de Derecho, la separación de poderes y la lealtad de cooperación de los órganos estatales", según afirma la Comisión de Venecia, del Consejo de Estado, en su dictamen sobre la reforma de la Ley Orgánica del TC (LOTC), aprobada en 2015, y que incrementa sus competencias para hacer cumplir sus sentencias.

El Consejo de Europa publicó ayer el texto completo aprobado en la 110 Sesión Plenaria de este organismo, reunido en Venecia (Italia), los pasados 10 y 11 de marzo para debatir si esta reforma legislativa española se ajusta al Derecho Comunitario. Se trata de un órgano consultivo del Consejo de Europa para asuntos constitucionales.

En el transfondo del análisis subyace la "negativa del Parlamento de Cataluña a respetar las sentencias del TC", pero la Comisión, a la vista de que la ley tiene carácter normativo general, como tal lo aborda.

Carácter vinculante del fallo

La Comisión de Venecia recuerda que las sentencias de los tribunales constitucionales tienen carácter vinculante. "Como corolario de la supremacía de la Constitución, los juicios de los Tribunales Constitucionales tienen que ser respetados por todos los organismos públicos e individuos. Por lo tanto, las medidas para hacer cumplir estas sentencias son legítimas", asegura.

El dictamen asegura que el TC debe actuar como "un arbitro neutral, como juez de las leyes". Por eso, afirma que "para mejorar la percepción del Tribunal Constitucional como árbitro neutral, el TC no debe actuar de oficio, sino sólo a petición de una parte, en el ejercicio de la ejecución, en función de la enmienda introducida en la LOTC".

Por otra parte, recomienda al Gobierno español que aclare algún aspecto de la ley, como es el caso en que "no es improbable que la persona que rechace la ejecución, pueda también rechazar la pena o ignorar la suspensión y continuar ejerciendo su cargo. Esto podría desafiar la autoridad del TC y, a su vez, la de la propia Constitución".

Intervención de otros órganos

Y añade, que en tal caso, otros órganos estatales deben intervenir, para defender la Constitución y al TC. La atribución del poder de ejecución de sus decisiones por el TC puede parecer un aumento de poder a primera vista. Sin embargo, la división de las competencias adjudicadas, por una parte, y la ejecución de sus resultados, refuerza la sistema de controles y balances en su conjunto, y al final, también la independencia del TC".

Por ello concluye su dictamen de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa señalando que, es recomendable que en estos casos actúe a solicitud de parte y, por tanto, que no se haga de oficio, por ello, "no recomienda que se atribuyan estos poderes a la TC, aunque, no obstante, a la luz de la ausencia de normas europeas comunes en este ámbito, la introducción de tales poderes no contradice estas normas".

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al conocer las conclusiones de este dictamen, el pasado sábado, publicó un Twitter en el que decía que era "Una gran noticia: Europa, por primera vez, planta cara a España".


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