La UE avala la Ley española de prevención del blanqueo

10/03/2016 - 11:51
  • No obstante, exige, para la aplicación e medidas de diligencia debida, la existencia de "sospechas"
Más noticias sobre:
Imagen: archivo

Las medidas de diligencia debida que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, impone a las entidades financieras, son acordes al Derecho comunitario. Así lo determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia publicada hoy.

El Tribunal, no obstante, exige que, para la aplicación de estas medidas deben existir sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. 

La sentencia, también manifiesta que no contraviene la normativa europea la exigencia de medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a un cliente cuando se aprecie un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, como el envío de fondos. 

Por último determina que, aun cuando no existan tales sospechas o tal riesgo, los Estados podrán adoptar o mantener en vigor las disposiciones más estrictas, siempre que tengan como finalidad reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. 

El TJUE ha examinado la adecuación de la norma a la Directiva 2005/60, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, tras una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona. En el caso enjuiciado, el tribunal examinaba el litigio entre una entidad dedicada a la transferencia de fondos al extranjero y tres entidades financieras. 

Requisitos

Según la sentencia, la Directiva requiere que, las medidas normales de diligencia debida con respecto al cliente deban aplicarse siempre y cuando existan sospechas de blanqueo o financiación del terrorismo. En esos casos, un Estado miembro no podrá exigir ni autorizar la aplicación de medidas simplificadas de diligencia con respecto al cliente. 

También explica, que la enumeración de medidas reforzadas de diligencia que contiene la Directiva no es exhaustiva, de modo que los Estados disponen de margen de apreciación en tanto en las situaciones que implican riesgo como en la determinación de medidas para combatirlo. Por ello, aunque el envío de fondos por parte de una entidad a otros Estados, no impide que una legislación nacional pueda definirlo como una situación de riesgo elevado. 

Vulneración de la Directiva

Por último, el TJUE asevera que resulta contrario al Derecho de la Unión una legislación, como la española, que establezca una presunción que se aplica a todas las transferencias de fondos, con carácter general, sin permitir desvirtuar dicha presunción en el caso de trasnferencias de fondos que objetivamente no presenten un riesgo más elevado de blanqueo o financiación del terrorismo. La sentencia señala que una normativa que permita desvirtuar dicha presunción resultará menos restrictiva y, a la vez, permitirá alcanzar un nivel de protección adecuado.


PUBLICIDAD



Otras noticias

Contenido patrocinado

Comentarios 0


Iuris

Viernes, 10 de Marzo de 2017

Iuris - Viernes, 10 de Marzo de 2017

Blogs




Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens