Un gran balón de oxígeno para la caja de los bufetes

3/03/2016 - 6:00
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La sentencia, de 29 de febrero de 2016, primera que ha emitido el Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, marca un antes y un después.

Los bufetes de abogados han encontrado un importante impulso a su actividad para diseñar y poner en marcha planes de prevención para evitar que directivos y empleados puedan cometer delitos en su seno y, de paso que les sirvan de eximente.

La sentencia, tal y como reconocen los propios magistrados de la Sala de lo Penal, no ha podido abarcar muchos de los asuntos pendientes de aclaración por la jurisprudencia, fundamentalmente porque el delito era tan claro y la actuación tan ilegal, que no dejaba margen para abordar más asuntos.

La sentencia ha sido redactada por un magistrado que desde hace muchos años estudia en profundidad e imparte conocimiento sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance. Ha sido un acierto, que la Sala haya contado con su profundo conocimiento sobre la materia, en un asunto que afecta a todas las empresas españolas, estén o no obligadas a realizar prevención.

Queda claro, que diseñar estos planes no exime automáticamente de la responsabilidad societaria, aunque ayuda. Las sociedades, a través de sus abogados y asesores jurídicos deberán demostrar que se han cumplido los planes diseñados y, además, que la actividad legal supera a la ilegal.

Más polémico es el asunto de la defensa de la sociedad, puesto que la norma determina que sean los propios administradores quienes la representen, aunque sean quienes hayan delinquido y estén imputados los por mismos delito. En estos casos se pueden generar situaciones de indefensión tanto para socios minoritarios como para terceras personas.

El legislador, cuando se aclare el panorama parlamentario, deberá analizar el procedimiento y aportar soluciones. Lo mismo ocurre con los argumentos del voto particular, al que se han sumado siete de los 15 magistrados, sobre si se ha generado o no un sistema privilegiado en cuestión probatoria para este tipo.

Por Xavier Gil Pecharromán. Jefe de Normas & Tributos y director de Iuris&Lex


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