Las empresas de juego online no pueden quedar exoneradas del delito de contrabando en el que están incurriendo con su actuación en España, según solicitaron ayer los presidentes de la Sala Segunda y Quinta del Tribunal Supremo, Ángel Calderón y Juan Saavedra, frente a la Disposición Adicional, que así lo prevé en el borrador del anteproyecto de Ley que actualmente elabora el Gobierno.
El fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, denunció ayer que la Fiscalía no puede actuar de oficio, porque la Administración no establece la cantidad que constituye el delito, lo que sirve para definir si se trata de un delito de carácter administrativo o penal.
"No podemos empezar una investigación si no sabemos la cuantía que constituye el delito", afirmó Romeral, en el transcurso de la Mesa Redonda sobre los presuntos ilícitos penales y administrativos en el juego online, organizado por la Asociación de Periodistas jurídicos (Acijur), la editorial jurídica Datadiar y el Centro Internacional Carlos V de la Universidad Autónoma.
Falta actuación
Ángel Calderón, presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, afirmó que las empresas de juego online cometen delito de contrabando y "no puedo comprender que cometiéndose este delito de forma continuada no actúe la Administración para suspender los servicios o anular el funcionamiento de esas páginas".
El magistrado explicó que debería existir ya una regulación específica, que se viene solicitando desde 1990, ya que únicamente actúan con la licencia administrativa la Organización Nacional de Loterías del Estado (Onlae) y la Organización Nacional de Ciegos (Once).
Pascual Sala, magistrado del Tribunal Constitucional, explicó ayer que "las cifras son escalofriantes. España podría haber recaudado 700 millones de euros al año por los tributos que se han dejado de pagar".
Sala abogó también por la creación de una policía fiscal especializada que investigue y denuncie los delitos de suerte y azar". A este respecto, el comandante de la Guardia Civil, Juan Salom, manifestó que "hay una sobreactuación de la delincuencia en estos momentos en Internet".
Explicó que hay empresas que se han especializado en partes del delito. Unas roban datos, otras compran y los venden mientras que unos terceros juegan con la identidad robada para blanquear dinero o juegan con las de las tarjetas de crédito, cuyos datos se han obtenido ilícitamente, para jugar en los casinos online.
"Se ha generado un espacio de impunidad muy grande que ha derivado de la banca, que ya se ha puesto las pilas para defender a sus clientes a los casinos online.
El magistrado de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, explicó que es un error absoluto incluir en las leyes de las comunidades autónomas la territorialidad en lugar de abogar por la idea de la jurisdicción más adecuada de los delitos.
Reunión en Toledo
Por el contrario, Fernando Prats, director general de Tributos, que hoy se encuentra reunido con sus homólogos de las comunidades autónomas en Toledo para definir los tipos impositivos que se van a imponer a partir de ahora en sus normativas, abogó por la territorialidad como una de las fórmulas primordiales para controlar el juego online en España.
Prats señaló que empresas como Bwin, que cotiza en la bolsa austriaca, actúan en un margen de alegalidad en España, ya que cuentan con la autorización de otro país comunitario, lo que salvo en el caso de una prohibición expresa, como ocurre en Alemania o Francia, pueden actuar en el territorio de la UE.
Por una parte, Bernardino Cortijo, director de seguridad corporativa de Telefónica y ex comisario de policía, explicó que una de las grandes lacras de la actual falta de regulación del juego online en España es la facilidad con que acceden los menores, los ludópatas que tienen prohibido el acceso por sentencia o por voluntad propia a los portales que ofrecen juegos de azar.
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