Hacienda simplifica la documentación de operaciones vinculadas

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La simplificación del régimen de documentación de las operaciones vinculadas está más cerca. El Ministerio de Economía y Hacienda inició ayer el trámite de información pública del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de documentación de las operaciones vinculadas.

El nuevo texto establece un umbral mínimo de 250.000 euros por debajo del cual, con carácter general, no resultará necesario cumplir con las obligaciones de documentación exigidas por el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

Esta regla general estará limitada por algunas excepciones, de forma que dicha exoneración no será operativa cuando dichas operaciones se formalicen con personas o entidades residentes en paraísos fiscales, con personas físicas que tributen bajo el régimen de estimación objetiva o bien en aquellos supuestos en los que se transmitan negocios, carteras, inmuebles o se realicen operaciones con intangibles.

La exoneración de documentación se extenderá también a las operaciones que se realicen entre agrupaciones de interés económico o uniones temporales de empresas para cualquier operación que realicen con una entidad del mismo grupo fiscal al que pertenezcan sus miembros.

Características de la nueva regulación

El período de información pública de la reforma planteada por el Ministerio durará siete días hábiles a contar desde ayer. Durante este plazo de tiempo, los agentes implicados podrán formular las observaciones al proyecto que consideren oportunas. Finalizado este plazo, el proyecto será aprobado de forma definitiva y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La nueva regulación, que se aplicará con carácter retroactivo a partir del pasado 19 de febrero, se aprueba en cumplimiento del mandato contenido en la disposición adicional única del Real Decreto Ley de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y del Empleo (Pacto de Zurbano), aprobado el pasado 9 de abril.

En dicho texto se daba al Gobierno un plazo de tres meses para modificar la regulación de las obligaciones de documentación, que ahora asfixian a miles de empresas pequeñas y medianas incapaces de cumplir con unas exigencias inabarcables.

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