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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadAunque en nuestro país, el porcentaje de directivos que asegura que en su empresa se ha cometido un caso significativo de fraude es ligeramente menor que en el resto, 18% frente al 21% de la media de Europa Occidental, la cuestión de la responsabilidad individual es un asunto que quita el sueño cada vez más al Consejo de Administración, y así lo creen sus directivos.
De hecho, un 88 % de los directivos en España señala que el Consejo está preocupado o muy preocupado por su posible responsabilidad en un caso de fraude o corrupción, una cifra muy elevada comparada con la media de Europa Occidental que se sitúa en el 62%.
La cifra se desprende de la undécima edición del estudio internacional Global Fraud Survey 2010, elaborado por Ernst & Young entre más de 1.400 directivos de grandes compañías procedentes de 36 países de todo el mundo, incluido España.
Según el estudio, el fraude se ha convertido en un quebradero de cabeza para las empresas que han visto cómo el riesgo de acometer 'atajos empresariales' se ha duplicado en muchos mercados. Por ejemplo, en Europa Occidental, el número de compañías que ha sufrido un caso significativo de fraude en los dos últimos años ha crecido del 10% al 21%.
En otras zonas geográficas de interés para las empresas españolas también se han registrado altos niveles de fraude, por ejemplo, en Latinoamérica un 21% y en Oriente Medio y África, un 18%.
A pesar de que en este escenario la lucha contra el fraude es más importante que nunca, no todas las empresas están haciendo las inversiones adecuadas para mitigarlo. Así, según el estudio, en España un 48% de los directivos reconoce que su empresa se centrará en el control de costes hasta que las perspectivas económicas no den señales de mejora.
"Esta estrategia no favorece la prevención del fraude; de hecho aumenta el riesgo para la empresa si, como a veces sucede, las medidas de control provocan una reducción en la efectividad de los controles internos", afirma Ricardo Noreña, Socio Responsable de Forensic de Ernst & Young para España, Italia y Portugal.
Los procesos de fusiones y adquisiciones se han convertido en uno de los ámbitos donde las empresas españolas se muestran más cautelosas a la hora de evitar ser víctimas de prácticas poco éticas.
En España, el 61% de los directivos asegura que siempre realizan una due diligence anti fraude previa a un fusión o adquisición, frente al 37% de la media de Europa Occidental.
Esta actitud precavida también se mantiene una vez completada la operación, ya que la mitad de los ejecutivos españoles confiesa haber realizado este tipo de revisión post adquisición frente al 28% de la media europea.
"Esta tendencia es una consecuencia de los numerosos casos de fraude y corrupción detectados en nuestro país que han llevado a las empresas a requerir otros servicios complementarios a la tradicional due diligence financiera y fiscal", añade Noreña.
Cuando se trata de prevenir el fraude, los directivos españoles arriesgan poco; la auditoría interna, los controles internos y la revisión de la dirección son las herramientas, en su opinión, más adecuadas para mitigar el riesgo.
Por contra, sus colegas europeos son más escépticos cuando se les pregunta, por ejemplo, por la eficacia de la auditoría interna para identificar un fraude: un 21% no tiene demasiada confianza en la efectividad de esta herramienta para sacar a la luz prácticas corruptas o de otro tipo, frente a sólo un 8% de los directivos españoles que opina lo mismo.
"Las empresas españolas aún confían en los métodos más tradicionales para mitigar el riesgo de sufrir un fraude en la empresa y prestan poca atención a las técnicas y herramientas más modernas para prevenirlo, como la puesta en marcha de una política común antifraude, el fomento del uso de los canales de denuncia o impulsar una adecuada rotación de personal", explica Ricardo Noreña.
Cuando se trata de evitar que la dirección pueda "saltarse" los controles de prevención del fraude, las empresas españolas apuestan por reforzar varios mecanismos, según señala el informe de Ernst & Young. Entre ellos destacan, por ejemplo: las auditorías internas más exhaustivas; un mayor cumplimiento normativo; la supervisión de los comités de auditoría; una mejor distribución de las funciones y una mayor supervisión regulatoria.
"Teniendo en cuenta los recursos limitados con los que cuentan en la actualidad, las empresas deben seleccionar estratégicamente las medidas antifraude y anticorrupción que van a impulsar. Para ello, una evaluación periódica de los riesgos asociados a determinados negocios y mercados geográficos ayuda al área de gestión del riesgo a clasificar las situaciones más urgentes", opina David Stulb, Responsable Global de Fraud Investigations and Dispute Services de Ernst & Young.
Entre el noviembre de 2009 y el febrero de 2010, se realizaron un total de 1.409 entrevistas con ejecutivos de grandes empresas procedentes de 36 países, incluido España. La muestra se estableció para conocer la opinión de los departamentos que tienen que abordar los temas relacionados con la prevención del fraude, por eso más del 85% de los entrevistados fueron directores financieros, responsables de auditoría interna, cumplimiento normativo y de la asesoría legal de las empresas.
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