La reforma penal arremete contra la corrupción y el crimen organizado

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La reforma del Código Penal, que se debate y vota hoy en el Congreso de los Diputados, introducirá importantes medidas contra el crimen organizado y la corrupción privada, al tiempo que eleva las penas por delitos contra la Hacienda Pública (estatal, autonómica y local), lo que incluye el fraude contra la Seguridad Social y a las subvenciones provenientes de la Unión Europea.

El portavoz del PP en la Comisión de Justicia, Federico Trillo anunció ayer que su grupo votará en contra del proyecto, ya que han mantenido vivas algunas de las enmiendas presentadas en los trabajos para conformar la ponencia.

El principal objetivo del Código Penal es la lucha contra la delincuencia organizada. Por ello, se incluye un incremento de las penas, se facilita aún más el comiso de los bienes intervenidos a las tramas criminales, se incluye la responsabilidad de las personas jurídicas, los delitos de corrupción particular, e incremento y extensión de las sanciones por cohecho.

Así, se castigará con penas de uno a tres años de cárcel las autorizaciones urbanísticas al margen de la ley y el delito de cohecho abarcará a las omisiones y la falta de actuación de los inspectores.

En los casos de penas privativas de libertad superiores a cinco años, se exigirá el cumplimiento de al menos la mitad de la condena para obtener el tercer grado en el caso de delitos cometidos formando parte de organizaciones criminales o en organizaciones terroristas.

Se elimina así el automatismo hasta ahora vigente, dotando de mayor flexibilidad a los jueces para adecuar la responsabilidad criminal a la gravedad del hecho y a la personalidad del delincuente.

Soborno y piratería

Se penaliza el soborno en el deporte y la piratería de contenidos y el encubrimiento de la misma, al considerarse dos campos abonados para la expansión de las tramas criminales internacionales.

Otra novedad importante, es que se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas para combatir los casos de corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos y otros delitos de extrema gravedad.

Las nuevas penas se centran en el falseamiento de datos contables, balances y otros instrumentos bursátiles y societarios. Dentro de la prevención del blanqueo de capitales se ha incluido la posibilidad de que los tribunales recaben el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, lo que mantendrá vivo el delito fiscal, aunque no se haya podido liquidar por haber prescrito en el ámbito administrativo. Esta era una de las principales demandas de la Agencia Tributaria, apoyada por la Fiscalía.

Para la fijación de la responsabilidad de las personas jurídicas, junto a la imputación de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación en las mismas, se añade la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el control exigible de sus empleados.

Quien, por acción u omisión, defraude a la Hacienda estatal, autonómica, foral o local, eluda el pago de tributos, cantidades retenidas o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales, siempre que superen los 120.000 euros, podrá sufrir penas de prisión de uno a cinco años y multa de hasta el séxtuplo de la citada cuantía.

También habrá nuevas penas para la simulación de fusiones, absorciones o escisiones para eludir tributos o blanquear dinero .

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