El Congreso elimina la subida de sanciones a los auditores

Xavier Gil Pecharromán
8/04/2010 - 9:39
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El Proyecto de Ley se ha remitido el Senado con la aprobación de 22 enmiendas presentadas por el PNV. El fuerte incremento de las sanciones en el caso de las sociedades de interés público incluido en el Proyecto de Ley de Auditoría ha sido eliminado en su tramitación en el Congreso de los Diputados, por lo que de no modificarse nuevamente el texto, seguirá vigente el actual cuadro sancionador.

Las entidades de interés público son aquellas que están supervisadas por el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, órganos autonómicos con competencias en supervisión de entidades aseguradoras y empresas (o grupos de empresas) que se definan como de interés por su tamaño, actividad o número de empleados.

Esta modificación de última hora, que contó con el único voto negativo del PSOE, se debe a una enmienda introducida por el PNV en la Comisión de Economía del Congreso, que tiene competencia legislativa plena, por lo que el texto pasará directamente al Senado.

Indignación de los grupos

Los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo en aprobar un total de 22 enmiendas del Grupo Vasco, como consecuencia de la indignación creada por la decisión del Grupo Socialista de no negociar ninguna de las enmiendas presentadas, a excepción de la referida a los blindajes de los accionistas, conocida como Enmienda Florentino.

Finalmente, perdió todas las votaciones, sin posibilidad de rectificar los resultados en el Pleno, aunque existen textos contradictorios.

La enmienda aprobada justifica la anulación del incremento de las sanciones, porque mientras en el caso de las infracciones cometidas por auditores individuales, la presencia de una entidad de interés público supone no poder aplicar el tope máximo de la sanción prevista, sin alterar el criterio de cálculo, en el caso de que las infracciones cometidas por sociedades de auditoría en trabajos realizados para entidades de interés público, el criterio de cálculo empleado sí lo permitiría, sin que influyera el tipo de infracción cometido, ni la conducta observada por la auditora.

También, es importante destacar que se ha eliminado el número de auditores de cuentas y de empleados y la calidad de los sistemas de control interno exigibles para auditar a las entidades de interés público. Esta medida se ha adoptado para evitar que no puedan acceder a realizar estos trabajos los auditores individuales.

Perjuicios causados

La responsabilidad del auditor se limitará a los perjuicios que cause el profesional por el incumplimiento de sus deberes profesionales, esto es, "sólo de aquéllos que hubiera causado o en proporción al daño causado", señala otra de las enmiendas.

Esta modificación suprime un párrafo del artículo 11.2 del Proyecto de Ley que regulaba que sólo se podrá exigir solidariamente la responsabilidad del auditor cuando no se pueda definir si la culpa es suya o de la sociedad auditada, cuando los haya causado la propia entidad auditada o por tercero.

También se limita la obligación de rotación (artículo 8.11) al auditor de cuentas o al auditor firmante, eliminando la mención a la influencia en el resultado final.

Con respecto a la independencia de las firmas de auditoría se amplían las exigencias al eliminarse la condición de que mediante la existencia de una misma unidad de decisión al estar controladas la entidad auditada y las otras entidades por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Otros cambios

Se eliminan las menciones a la consanguinidad para extender la incompatibilidad a cónyuges, hijos, padres u otros familiares en la medida en que dependan financieramente del auditor de cuentas, salvo en el caso de que ostenten cargos de empleo en la empresa auditada cuyo desempeño no afecte o no esté relacionado con la elaboración de la información significativa incluida en los estados financieros.

Con esta enmienda, se trata de evitar que las sanciones graves que conllevan los incumplimientos de estas conductas dependan de actuaciones de terceras personas.

El auditor que realice la auditoría de cuentas o de documentos contables consolidados asume la plena responsabilidad del informe de auditoría emitido, aún cuando la auditoría de las cuentas anuales de las sociedades participadas haya sido realizada por otros auditores.

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