El Gobierno acelera la eliminación de los blindajes
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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadLa enmienda que establece la desaparición de las limitaciones a los derechos de voto en los conjsejos de administración presenta muchas grietas. El Derecho comparado y la tendencia jurídica actual niegan su idoneidad y ponen en entredicho la medida.
Dice el Grupo Parlamentario Socialista que la supresión de los blindajes en los consejos de administración de las empresas "resulta ampliamente avalada por significativos antecedentes y ha de tener un saludable efecto de transparencia en el mercado de valores, contribuyendo a restablecer la coherencia entre riesgo asumido y control ejercido desde un reconocimiento necesario al principio de proporcionalidad".
Así lo defiende en la motivación que acompaña a la enmienda que han introducido in extremis en el Proyecto de Ley por el que se modifican las Leyes de Sociedades Anónimas, del Mercado de Valores y de Auditoría de cuentas.
Sin embargo, no parece que doctrinalmente haya consenso al respecto, ni que haya claros antecedentes sobre la materia.
La enmienda propone modificar el apartado 2 del artículo 105 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, quedando redactado de la siguiente forma: "En ningún caso podrán los estatutos sociales limitar el número máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un mismo grupo, siendo nulas de pleno derecho las cláusulas estatutarias en que, directa o indirectamente, se establezca dicha limitación".
Esto supondría eliminar las limitaciones a los derechos de voto de los grandes accionistas de las empresas al 10%. Algo que, según valoran los expertos consultados, tendría un efecto negativo para los cientos de miles de accionistas minoritarios españoles, ya que implica prohibir la posibilidad que tienen ahora las compañías cotizadas de controlar los efectos de la entrada de grandes accionistas.
Aunque la enmienda reconoce en su motivación que "la limitación cumplía cierta función de salvaguarda de la posición de las minorías evitando que el socio o socios mayoritarios ejercieran un poder de decisión preponderante", defiende la tesis de que, con el paso del tiempo, las cláusulas estatutarias limitatitvas "se han ido convirtiendo en un instrumento de blindaje de los directivos, cuando no en un mecanismo de defensa frente a potenciales inversores legítimamente interesados en adquirir, en el mercado o a través de una opa, participaciones significativas o de control en una determinada sociedad y de ejercer el poder de decisión correspondiente al riesgo asumido en el capital".
Pero estos argumentos no se mantienen. Las limitaciones a los derechos de voto no han impedido, en la práctica, que se produzcan opas sobre empresas españolas, como, por ejemplo ocurrió en el caso de Endesa, donde se puso de manifiesto la reducida influencia de las cláusulas limitativas en este tipo de operaciones. Por contra, el cambio normativo que se plantea sí implicaría menor capacidad de defensa de empresas de importancia geopolítica frente a la aparición de compradores extranjeros que quisieran hacerse con el poder de las compañías.
Así, no extraña escuchar declaraciones de fuentes procedentes deTelefónica que expresan su preocupación por el hecho de que la enmienda deja a las compañías más expuestas a opas hostiles. El conocido como el InformeWinter sobre opas de 2002, el Plan de Acción de la Comisión Europea de 2003 y la Directiva de opas de 2004 renuncian a imponer la eliminación de excepciones al principio de proporcionalidad entre capital y voto. De hecho, la Directiva de opas elige otro tipo de medidas para garantizar el buen funcionamiento del mercado.
Tales medidas fueron transpuestas al Derecho español a través de la reforma de la Ley de opas del año 2007. Con ello, se establece el deber de pasividad de los administradores ante una opa y neutralización de las mencionadas limitaciones estatutarias al voto cuando a través de una opa se haya alcanzado al menos el 75% del capital. Así, ninguna Directiva europea incorpora una norma que obligue a los Estados a fijar imperativamente la citada regla de proporcionalidad entre capital y voto.
La Unión Europea renunció a formular en forma de Directiva o Recomendación cualquier pronunciamiento que implicara laprohibición de posibles excepciones estatutarias a la proporcionalidad, manifestando en este sentido que el debate se daba por zanjado.De hecho, ésta es la postura que se defiende en la Directiva 2007/36/CE sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.
El principio de proporcionalidad entre propiedad y control ha sido muy discutido, pero a día de hoy es un debate superado.
A pesar de ello, la propuesta del Grupo Socialista pretende apoyarse en que "opiniones autorizadas han venido insistiendo en la escasa coherencia de tal posibilidad de limitación del voto con principios básicos de la estructura y funcionamiento de las sociedades de capital, tales como el de proporcionalidad entre acciones y votos o el de igualdad de trato de los accionistas, llegando incluso a argumentar tacha de inconstitucionalidad por el menoscabo que puede suponer de los derechos de libre empresa y de propiedad en su vertiente mobiliaria.
En los últimos años se ha podido contemplar un claro cambio de tendencia a este respecto. Así, si bien el Informe Winter propugnaba la imposición de una estricta regla de proporcionalidad entre voto y capital, con posterioridad otros textos, como el Informe sobre la Proporcionalidad, presentado ante la Comisión Europea, rechazan la conveniencia de una imposición legal del principio de proporcionalidad, admiten la funcionalidad y eficiencia de algunas desviaciones respecto a lamisma y, en todo caso, consideran que el mercado es capaz de corregir los efectos que pudieran derivarse de las limitaciones de voto y de otras formas de derogación de la proporcionalidad.
En definitiva, no está demostrado que el principio "una acción, un voto" sea eficiente en sí mismo. En cambio, sí se ha podido probar que las desviaciones de esta regla pueden repercutir positivamente en los accionistas. El propio Charles McCreevy, comisario de Mercado Interior, dio el debate por cerrado, al declarar que no hay necesidad de que la Unión Europea tome ninguna acción sobre el principio de proporcionalidad.
Una amplísima mayoría de países comunitarios ha decidido seguir permitiendo que los estatutos de las sociedades anónimas, cotizadas o no cotizadas, mantengan el límite al número máximo de votos.
Mientras la enmienda se escuda en que la tendencia a suprimir las limitaciones, poniendo como ejemplo los casos de Alemania, Italia o Estados Unidos, lo cierto es que países de la Unión Europea como Francia, Dinamarca, Suiza, Finlandia, Bélgica, Polonia, Hungría, Reino Unido, Suecia o Portugal no comulgan en sus normativas con el criterio que ahora quieren implantar los socialistas españoles.
Los expertos apuntan que las reformas al respecto planteadas por Italia y Alemania (en 1998 y 2001 respectivamente), con las que se impide a las sociedades cotizadas limitar estatutariamente el número máximo de votos, son aisladas. Es más, en el caso de Italia, recientemente, en 2009, se ha modificado su régimen de opas facilitando la adopción de medidas dirigidas a reforzar la defensa antiopas así como impedir la neutralización de los blindajes.
El Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas, elaborado a iniciativa de la CNMV en el año 2006, recoge como primera recomendación, dentro de la orientación voluntaria que lo caracteriza, precisamente la de que "las sociedades cotizadas no limiten en sus estatutos el número máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado".
El Grupo Socialista destaca este hecho en su enmienda, pero se olvida de que este criterio aparece atemperado en el propio Código de Buen Gobierno, que añade lo siguiente: "tales medidas pueden estar justificadas en casos excepcionales", particularmente cuando "hubieran sido aprobadas (las cláusulas) por un porcentaje muy elevado de accionistas, lo que podría ser indicio de que se han adoptado por razones de eficiencia (por ejemplo, para proteger inversiones específicas o incrementar el poder de negociación del conjunto de accionistas en caso de ofertas no pactadas)".
Otro punto débil de la reforma que se pretende aprobar es la manera en que ha sido planteada: de forma precipitada y sin un debate serio previo. Tal es así que la enmienda se introdujo el pasado 16 de febrero, al límite del plazo, en el último momento y sin pasar los trámites ordinarios.
Además, en ella se establece la nulidad absoluta de las cláusulas que contienen limitaciones de voto sin que ninguna disposición transitoria impida que la consecuencia de su aprobación sea que las limitaciones actualmente vigentes queden privadas de cualquier efecto. Algo que no parece razonable, ya que la tutela de la seguridad jurídica parece exigir un adecuado Derecho transitorio para evitar una abrupta desaparición de las posiciones jurídicas ya creadas y facilitar la compensación de los diversos intereses en conflicto.
En las reacciones de los últimos días, una de las principales críticas ha sido la ausencia de un debate sereno y reflexivo, sobre todo si se tienen en cuenta los drásticos efectos que el cambio normativo puede conllevar para empresas con importancia geopolítica, quemerecen la protección del Estado para evitar que alguien externo pueda controlarlas sin acudir a una opa.
A todo ello hay que sumar el mal momento económico en el que nos encontramos: las bajadas de cotizaciones consecuencia de la crisis financiera han dado lugar a que muchas grandes sociedades cotizadas tengan precios asequibles, y esto conlleva que con la desaparición de los blindajes se puedan desencadenar efectos perversos por la entrada de nuevos accionistas mayoritarios que influirían de forma decisiva en la gestión de la empresa.
Desde el punto de vista del accionista, la reforma tampoco se sustenta, ya que las limitaciones al número de votos que un mismo accionista puede emitir implica que los pequeños accionistas vean incrementada su capacidad de voto respecto de la que les correspondería por su participación en el capital.
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Sabido es que en Expaña ni Derecho Comparado ni Derecho sin Comparar , solo existe para el poder EL DERECHO QUE ME SALE DE LOS COJONES. Y punto.
las explicaciones a esta reforma estan en la presion que se esta ejerciciendo desde distintas empresas para que esto se haga, como es el caso de Florentino Perez para poder entrar en el consejo de Iberdrola... la idoneidad es lo de menos...
Primero privatizaron (PP, principalmente) las grandes empresas nacionales, ahora van a dejarlas (PSOE) a merced del primero que llegue con la cartera llena sean extranjeros o no, tengan interés en cerrarla para quitar competencia o en trasladar la actividad a otro sitio...
Esto no lo hacen países más listos que nosotros en nuestro entorno, lease Francia, y así nos va.
Además cualquier cosa pactada con CIU tiene algo en la recámara. Seguro que van a por alguna empresa nacional y el resto de lo que pase después a ellos les trae al fresco, como ya sabemos.
Pues yo siendo totalmente contrario a este gobierno, creo que lo lógico es que si yo tengo el 50% de las acciones de una sociedad, debería de tener la mitad del consejo y la mitad de los votos de la junta, si alguien no quiere que yo mande, que pague más por las acciones y las compre antes que yo. Lo contrario es "caldo gordo" para directivos que no quieren que les echen y quieren controlar la empresa sin poner el dinero que vale.
Respecto a dejar la empresas a merced de quien llegue con la cartera llena, si la empresa lo vale y lo pagan es lo normal. De echo ha pasado con ENDESA, que el Gobierno no quería que fuera alemana y ha acabado siendo italiana. Al menos los accionistas recibieron un precio adecuado por la empresa. Una empresa vale más de cara a una OPA sin blindajes, con lo que los pequeños inversores no huelen el valor creado para que los directivos puedan seguir mandando.
El que no quiera accionistas "extraños" que haga como El Corte Inglés y no cotice en bolsa.
mucho privatizar para los amigos y ahora la libre empresa no me la toques...
pues que se joda galan y aprenda de libre mercado
chovinismo para imbeciles
Este artículo parece una defensa de la autarquía que nos inventó Franco
Seguir siendo tan majetes. Que los GB, F y A seguirán llamándonos los PIGS de europa... comprando nuestras empresas rentables etc. En la vida no hay que ser tonto. La realidad es que quitando los blindajes y pasando la pagina de ACS etc.... Las cajas de ahorros tipo la caixa van a ser auténticos monstruos controlando todas las empresas españolas con participaciones del 30%.... Y solo por recordar que las cajas estan en manos de los politicos.
Y a los mindusdis que mas nos da?.- Si Endesa es italiana Iberdrola que sea de quien el Ser superior quiera. Que mania meternos en lo que no nos importa.
Estoy en desacuerdo completamente con el artículo en cuanto que perjudica al minorista. Esto es totalmente falso, sólo hay que ver el ejemplo que nos ponen, el de Endesa, una venta política donde se mire. La clave la tenemos en las OPA's, que más dá que sea Hostil o no para el minorista si me está ofreciendo un precio por mis acciones por encima del de Mercado.
Esta claro que nos blindajes están lejos de representar la libre empresa.
No comprendo las socieddes hibridas, donde se dice una cosa y se hace otra, si vivimos en capitalismo una acción= a un voto, de lo contrario los amiguismos multiples conducen a la corrupción
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