La Administración de Justicia en España no logra apartarse del ojo del huracán. Si el año comenzó con la primera huelga de jueces de la historia de la democracia y la dimisión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no parece que el nuevo titular, Francisco Caamaño, vaya a lograr amainar los ánimos con una nueva huelga convocada por el próximo 8 de octubre por la principal asociación de jueces, la APM.
La aprobación, el pasado 18 de septiembre, por parte del Consejo de Ministros, del Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia, no ha logrado detener las quejas y el descontento de un colectivo que se siente desbordado por la sobrecarga de trabajo y la ausencia de medios adecuados. El Gobierno va a destinar 600 millones para su nuevo proyecto cuyos efectos se manifestarán en 2012. Un presupuesto que desde el Partido Popular ya se han lanzado a calificar de insuficiente. Pero, ¿en qué consiste realmente la reforma proyectada por Justicia?
Entre las metas de la reforma está lograr una mejor conciliación de la vida personal y profesional de los jueces y magistrados, así como avanzar en la homologación de la carrera judicial con determinadas normas de la función pública. El nuevo plan aumentará el número de jueces y magistrados convocando 750 nuevas plazas, un incremento cercano al 17 por ciento sobre la actual plantilla.
Además, el plan contempla la creación de la figura de los jueces de adscripción territorial y se propone incentivar las sustituciones naturales entre los miembros de la carrera judicial, todo ello con el fin de que la Justicia sea impartida, primordialmente, por jueces de carrera.
La nueva figura del juez de adscripción territorial permitirá al Poder Judicial atender con jueces profesionales las necesidades de sustitución y suplencias en el ámbito territorial de cada Tribunal Superior de Justicia.
Para los fiscales, se van a aumentar las plazas, con 450 nuevas, y en los próximos tres años se desarrollará el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal mediante la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ministerio Fiscal y el de Situaciones Administrativas. Asimismo, se quieren incentivar las sustituciones naturales de los miembros de la carrera fiscal.
En cuanto a los secretarios judiciales, se crearán 800 nuevas plazas y se les ofrecerá una formación especializada para poder responder a las necesidades de la nueva oficina judicial.
La implantación de la esperada oficina judicial, a partir de enero de 2010, también aparece como uno de los temas clave. Se espera que con ello la organización judicial gane en racionalidad y eficiencia. Se crearán servicios procesales comunes que trabajarán para distintos juzgados. Así, con el despliegue de la nueva oficina judicial todas las Salas de vistas contarán con sistemas de grabación audiovisual y sistemas de videoconferencias.
Además, todas las oficinas judiciales dispondrán de sistemas informáticos avanzados adaptados a las nuevas leyes procesales, lo que permitirá la normalización del expediente judicial digital y una muy significativa reducción del soporte papel.
Las comunicaciones y notificaciones judiciales se llevarán a cabo electrónicamente mediante correo securizado (a través de Lexnet), en el caso de las realizadas por profesionales del Derecho el cien por cien seguirá esta vía.
De igual modo, se prevé que, al finalizar el plazo de implantación del plan , estará incorporado en su totalidad el sistema de apostillas electrónicas en las secretarías de Gobierno, al tiempo que estarán desarrollados todos los portales de la Administración de Justicia.
En la misma línea, durante el período previsto (2009-2012), se continuará con el proceso de modernización y despliegue del Ministerio Fiscal según lo previsto en su Estatuto Orgánico.
Espacio Judicial de Interoperabilidad y Seguridad
El Gobierno prevé dentro de su plan que para 2012 esté implementado y en plena ejecución el espacio judicial de interoperabilidad y seguridad así como las plataformas electrónicas de intermediación. Con esto se garantizará la interoperatividad de los sistemas informáticos del Estado y las comunidades autónomas, permitiendo a todos los juzgados y tribunales operar entre sí y con el Ministerio Público.
El fin del papel llegará a la Administración de Justicia con el despliegue completo del sistema seguro de intercambio de documentos (Lexnet), que permite que todas las comunicaciones procesales se realicen por vía electrónica. En la misma línea está la creación del expediente judicial electrónico mediante la implantación de un nuevo sistema de gestión procesal, así como el desarrollo de una plataforma de firma electrónica propia de la Administración de Justicia.
Un Registro Civil único
Una de las medidas más novedosas y que permitirá reducir el papeleo a realizar por los ciudadanos en sus trámites cotidianos es la creación de un Registro Civil único, informatizado y digitalizado.
Según los planes del Gobierno, los ciudadanos podrán consultar sus datos personales y descargar certificaciones por vía telemática a partir del segundo semestre del año 2012. Además, como estará comunicado de modo directo con otras administraciones públicas, la exigencia de aportar documentos acreditativos de la información registral será progresivamente suprimida.
Para ello, el Ministerio de Justicia se apunta en la agenda de tareas pendientes para finales de este año la elaboración del Proyecto de Ley del Registro Civil de España. También se deberá aprobar en lo que queda de legislatura la Carta de Servicios del Registro Civil y está previsto finalizar la digitalización de los libros de los registros civiles municipales y del registro civil central en el primer semestre de 2010.
Es mentira que se vaya a aumentar la planta judicial en un 19%. Pretenden convocar en 3 años 750 plazas pero nada dicen de cuántos Juzgados nuevos o puestos de trabajo se van a crear, que es lo importante. Hay 1000 sustitutos en España y estos Jueces de Adscripción Territorial simplemente supondrán cambiar sustitutos por los nuevos que entren, sin que cueste un duro y sin que haya más jueces juzgando. Quiten también los aproximadamente 50 que cada año cesan por jubilación, incapacidad, fallecimiento o excedencias (hartos de trabajar como bestias sin jornada y desatendiendo a su familia y de que encima les llamen vagos) y verán que la creación de Juzgados y plazas en órganos de alzada es similar a la que se viene haciendo años anteriores y totalmente insuficiente. Con este ritmo se tardaría más de 40 años en alcanzar la media europea de jueces/habitantes... y la Justicia española no puede esperar ese tiempo. Es un enfermo terminal que requiere atención intensiva e inmediata -y los ciudadanos que tienen la desgracia de tener un litigio, bien lo saben-.
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