Economía/Legal.- Justicia aboga por reformar el Derecho de Sociedades y reducir cargas administrativas

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Los notarios lamentan los "elevados" costes de tiempo y dinero que supone poner en marcha una empresa en España

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

La directora general del Registro y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, María Angeles Alcalá, se mostró hoy a favor de emprender una reforma del Derecho de Sociedades, reducir las cargas administrativas tanto de tiempo como de dinero, y particularmente, en los procesos de constitución de nuevas empresas.

"No se puede establecer una normativa común para todas las sociedades anónimas, ya que las recientes reformas de las sociedades cotizadas y de las cerradas han demostrado que provocan que evolucionen por su cuenta", según explicó Alcalá durante su intervención en un curso organizado por el Consejo General del Notariado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Junto a esta revisión, Alcalá abogó por emprender una reducción significativa de "las cargas administrativas en general, y de los procesos de constitución de empresas en particular".

En este sentido, la directora general de Registros explicó que las diferencias de España respecto a otros países de la OCDE en el proceso de inicio de actividad de las empresas se deben al tiempo que se tarda en los trámites del Registro Mercantil y en la obtención de la licencia de apertura municipal.

Así lo pone también de manifiesto el último estudio elaborado por la Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, citado por el notario José Nieto en la inauguración del seminario.

En su intervención, Nieto precisó que la tramitación administrativa para la creación de empresas en España es "más compleja" que en los países de nuestro entorno, "más cara" y, además, "se tarda más en completar", lo que supone una "clara desventaja competitiva".

Además, puso de manifiesto los "elevados" costes de tiempo y dinero que supone poner en marcha una empresa en España. "Centrándose en los trámites precisos para la obtención de la personalidad jurídica, y sin contar los municipales y autonómicos, se tardan entre 22 y 30 días en arrancar la empresa, con un coste de entre 688 y 696 euros", concretó.

Nieto agregó que los trámites "más problemáticos" desde el punto de vista de su obtención son los relacionados con el certificado negativo de la denominación social (entre 3 y 7 días) y la inscripción en el Registro Mercantil (entre 15 y 20 días). Son, según dijo, los "responsables" de aproximadamente el 91% del tiempo de tramitación.

Para paliar esta desventaja, Nieto consideró necesaria una reforma de la legislación societaria española con el fin de favorecer la creación de empresas y aumentar la competitividad de las ya existentes.

VENTANILLA UNICA.

Nieto defendió la creación de una ventanilla única con la finalidad de conseguir un sistema societario "rápido", que tenga "el menor número de pasos posible", lo que se traducirá en unos costes "reducidos".

Para ello, el ponente consideró que el Notariado español dispone de los medios telemáticos necesarios para constituirse en esa "ventanilla única" a través de sus plataformas SIGNO y e-Notario, que permiten presentar e inscribir la escritura social en el Registro Mercantil, realizar la autoliquidación del Impuesto de Operaciones Societarias y obtener el C.I.F. de la sociedad ante la Agencia Tributaria.

La adquisición de la personalidad jurídica se produciría con la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) a la que se remitiría directamente desde la notaría el contenido preestablecido que ha de ser objeto de publicación. Frente a ello, el notario criticó las trabas impuestas por el Registro Mercantil a la constitución de sociedades.

Por último, el director del curso, Joaquín Borrell, coincidió en señalar el retraso de España respecto a otros países en cuanto a los tiempos y trámites de constitución de sociedades, pese a que existen iniciativas legislativas "muy interesantes" para agilizar la creación de empresas, como la Ley de Medidas de Impulso a la Productividad, pero "están siendo frenadas con resistencia pasiva o activa de algunos agentes", concluyó.

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