La xenofobia crece en Italia ante la inminencia electoral

  • Berlusconi propone expulsar 600.000 personas tras repuntar la violencia
Silvio Berlusconi y Matteo Salvini, en un acto electoral. Foto: Reuters

"La responsabilidad moral de cada episodio de violencia que ocurra en Italia recae sobre aquellos que han llenado el país de clandestinos". Matteo Salvini no deja de arremeter contra la inmigración ni siquiera tras el tiroteo racista protagonizado por un militante de su partido.

Luca Traini, un italiano de 28 años que en las elecciones municipales del pasado año concurrió con Liga Norte, el pasado sábado 3 de febrero disparó en Macerata -ciudad de la Italia central- contra seis inmigrantes y fue detenido una hora después a los pies de un monumento a los caídos de la Guerra Mundial, haciendo el saludo fascista.

El tiroteo estalló en plena campaña electoral, a falta de tres semanas para las generales y la coalición de Matteo Salvini, Silvio Berlusconi y Giorgia Meloni (líder del partido postfascista Hermanos de Italia) liderando los sondeos. El primer ministro de Italia en funciones, Paolo Gentiloni, del Partido Demócrata (PD), llamó al resto de fuerzas a no alimentar "una espiral de violencia". Una referencia a Salvini, quien pide en las redes sociales "detener la invasión" de inmigrantes en Italia y propone "el cierre de todas las mezquitas" del país.

Berlusconi, que se propone como el rostro tranquilizador de la coalición de centroderecha, respalda sin embargo a su aliado. En un entrevista al telediario de Canale 5 -cadena de su grupo empresarial- el magnate declaró: "La inmigración es una cuestión urgente. Hoy en Italia se cuentan al menos 630.000 inmigrantes, de los cuales sólo el 5% tiene derecho a estar aquí como refugiados o huyendo de guerras y muerte. Los otros 600.000 son una bomba social pronta a explotar porque viven de delitos", añadió el líder conservador que hace algunas semanas en otra entrevista al diario conservador Il Foglio, había subrayado: "trabajan en negro, se prostituyen, cometen atracos y robos, comercian con drogas, etc. ¿Cómo no vamos a tenerles miedo?".

La expulsión de centenares de miles de personas es, según el Ministerio de Interior , "una misión imposible, además de increíblemente cara". Los datos del Gobierno indican que en 2016 se expulsaron de Italia poco más de 8.400 personas. El coste de cada expulsión ronda los 4.000 euros. Multiplicado por las 600.000 expulsiones propuestas por Berlusconi, la factura llegaría a los 2.400 millones de euros.

Además, hay otro aspecto que la campaña electoral italiana está pasando por alto: la contribución económica de los inmigrantes. Según un estudio económico sobre la inmigración presentado el pasado octubre por la Fundación Leone Moressa, la riqueza producida en Italia por los inmigrantes en 2016 llegaba a los 131.000 millones de euros, un 9% del PIB nacional.

Cuotas obligadas por ley

Berlusconi y Salvini distinguen entre inmigrantes legales y "clandestinos". Y lo mismo hace el Movimiento 5 Estrellas: Luigi Di Maio, candidato a primer ministro de echo acuñó el término de "taxistas de inmigrantes", para la ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo, mientras que su compañera de partido, la alcaidesa de Roma Virginia Raggi pidió al Gobierno de centroizquierda una moratoria para dejar de acoger a refugiados en la ciudad. Sin embargo, todos olvidan que la ley de inmigración italiana impone desde hace años un sistema de cuotas de ingreso inferior a la demanda de la economía. Así que, durante los últimos años, Italia ha tenido que regularizar las personas indocumentadas que ya vivían en el país. Justo el Gobierno de Berlusconi y de la Liga Norte lanzó en 2002, tras aprobar la nueva ley de inmigración, una regularización masiva para casi 800.000 personas.

De su parte, el gubernamental PD defiende el valor de la acogida a refugiados -"Italia hizo más que todos. Por esto nosotros, con la cabeza bien alta, pedimos a los otros países hacer lo mismo", declaró Gentiloni- pero ha utilizado las llegadas para conseguir en Bruselas ventajas presupuestarias: el año pasado Renzi, con la excusa de la acogida, se tomó un 0,2% de flexibilidad adicional sobre el déficit, más de 3.000 millones de euros.


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