El pasado 24 de febrero, dentro del conjunto de medidas de apoyo al emprendimiento y creación de empleo, se integraban un conjunto de nuevas normas en el ámbito del sector de hidrocarburos. Medidas que han hecho saltar las alarmas de asociaciones y patronales ya que permiten la liberalización de un sector historicamente monopolizado por las grandes petroleras.
La clave del conflicto parte de la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica pueda ejercer la actividad de distribución al por menor de carburante y de las injerencias que la Ley se permite en las normas y planes de ordenación urbana de los municipios receptores.
Estas nuevas medidas, que pretenden mejorar la competividad en un sector en el que ya está declarada la guerra de precios, podrían desembocar en la pérdida de hasta un 40% de empleos directos, según datos facilitados por la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid (Aescam) y en el cierre de un amplio número de gasolineras gerenciadas por los pequeños y medianos empresarios del sector.
Sin embargo, para asociaciones como Upta (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), la modificaciones aprobadas por el Ejecutivo podrían suponer el efecto que permita romper definitivamente el monopolio de distribución por la vía asociativa, así como la entrada de nuevos agentes dentro de este ámbito, algo que se lleva intentando desde hace años y que se ha llegado a conseguir en sectores como agricultura, aunque con poco éxito ya que nunca se ha logrado un verdadero margen diferencial que resultase atractivo.
Inseguridad jurídica
Para Víctor García Nebreda, secretario general de Aescam, "la nueva normativa cuestiona la inexistencia de competencia de precios intramarca, algo que resulta cuanto menos curioso, ya que hay sectores en los que no se discute que los abanderados de una misma marca fijen el mismo precio para un mismo producto".
Nebreda afirma que de las cuatro grandes cuestiones que se desregulan -las de incidencia directa en la pérdida de empleos y en la desaparición del sector tal y como lo conocemos ahora- son las que afectan a los contratos entre petroleras y gasolineras y aquellas que suponen una injerencia directa en las competencias urbanísticas de cada una de las comunidades autónomas.
Para el secretario general de Aescam, esta última medida es la más peligrosa, puesto que "permite la colocación de una aparato surtidor con un aceptador de tarjetas en casi cualquier sitio." De hecho, según opina García Negreda, "estas medidas no van a beneficiar a los comerciantes pequeños, sino a las grandes superficies comerciales, ya que podrán entrar libremente en el mercado, colocando surtidores en zonas destinadas a aparcamiento y empleando la gasolina como reclamo, mediante un abaratamiento de los costes del producto a mínimos contra los que el pequeño empresario no podrá luchar".
Nebreda va más allá y añade que, "esta medida fue declarada anticonstitucional en Octubre de 2012 mediante sentencia que imposibilita al Gobierno Central para quitar competencias en materia de Urbanismo a las Autonomías, porque son éstas las titulares en esta materia".
Modificaciones de contrato
Con respecto a la modificación de los contratos entre petroleras y gasolineras los nuevos pliegos deberán formalizarse con carácter anual y por un máximo de tres, algo que no sólo se contradice con la normativa europea que establece un periodo máximo cinco años, sino que además deja al pequeño empresario con muy poco margen de maniobra dada la 'posible' presión de las petroleras, por la aplicación de condiciones que podrían llegar a ser abusivas.
A ello se une la prohibición de establecer un precio recomendado y la limitación del número de establecimientos bajo un mismo abanderamiento al 30 por ciento de la cuota de mercado, que para Nebreda "endurecerá la guerra de precios a mínimos y la desaparición de los contratos de comisionista, cuyos titulares son en su mayoría pequeños empresarios".
Con respecto a estas medidas, Upta opina que inevitablemente es un sector que había que liberalizar para mejorar la competitividad de cara al consumidor y que los efectos no son tantos como el mero hecho de implantar un nuevo modelo económico en el sector, siempre y cuando éste no quede desregulado.
Por su parte las petroleras consultadas por este medio declinan pronunciarse al respecto y se limitan a acatar la norma.
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