Ahora toca la morosidad, pero esta vez en serio y con mano dura

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Una de cada tres empresas cierra por la morosidad

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Más de medio millón de cierres empresariales desde el inicio de la crisis, con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo, y una deuda de 7.500 millones de euros con los autónomos y pymes, sólo de Administraciones Públicas.

Esas son dos de las devastadores consecuencias que ha dejado la plaga de la morosidad en esta España nuestra, donde los impagos se han convertido en el deporte nacional, con el consentimiento y la complicidad de los gobiernos de todos los colores y de todas las entidades territoriales del Estado.

Dos consecuencias que son también dos poderosas razones para erradicar definitivamente este práctica que nos sitúa en el furgón de cola de la UE, sólo Italia y Grecia están peor en cuanto al cumplimiento de los plazos de pago establecidos legalmente. Nada menos que 99 días las empresas y 153 las Administraciones, son los plazos medios de pago que rigen en nuestro país, superando ampliamente los 60 días que fija nuestra Ley de Morosidad para las empresas y los 30 para las Administraciones. Una Ley que nadie cumple y que está pidiendo a gritos la incorporación de un código sancionador para que pueda cumplir eficazmente su objetivo.

Compromiso del Gobierno

El presidente del Gobierno se comprometió durante el pasado Debate sobre el Estado de la Nación a trasponer la normativa europea de morosidad, que entra en vigor el próximo día 16, mejorando nuestra norma mediante una ampliación de los intereses de demora.

Una propuesta que está muy bien, como también es positiva la ampliación del Plan de Pago a Proveedores en 2.700 millones de euros, pero que de nada servirán si no se acompañan del citado régimen sancionador que defina y regule las infracciones y obligue a cumplir efectivamente las sanciones.

Y con el de una agilización de los procedimientos judiciales para la resolución de conflictos derivados de la morosidad y los impagos; de la modificación de los plazos de pago en las liquidaciones tributarias y de la Seguridad Social y de la compensación de créditos fiscales sin necesidad de reconocimiento formal. Y, no hace falta inventar nada. Francia ya inició, con éxito, su cruzada contra la morosidad en 1999, dentro de la Ley de Modernización de la Economía. Más de tres millones de pymes y 300.000 autónomos, el 99, 8 por ciento de nuestro tejido empresarial lo demandan.

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