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Pymes y Emprendedores

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Corbis
  1. J. Marqués / I. Labrador

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hartito
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Lo malo es que esto esta afectando a sectores como el de la aviacion,no solo por perder el trabajo, sino por perder dinero ya que los sueldos estan dependen de lo que se vuela. Que os parece volar con un piloto con fiebre? pues ocurre.

Puntuación -1
#1
pepote
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a "hartito": me parece muy mal.

Como también me parece muy mal el bajón de cuentitis.

Puntuación 0
#2
Inuit
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Despido libre, es una de las soluciones para incrementar la productividad y solamente le deben temer los vagos, he trabajado diez años en Canada con despido libre y lo veo como una de las principales soluciones junto a otras como la reduccion de la burocracia, I+D, reduccion de deficit, ayuda fiscal a las empresas para modernizacion, todo lo que pueda ayodar a las empresas a competir en un mundo global basado en la competencia.

Puntuación 14
#3
npi
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Si en Canada se producen violaciones de leyes laborales por parte de los empresarios continuamente y según la OIT se esta intentando cercenar el derecho a la huelga.

Ud. señor Inuit lo que pretende es decir que es bueno que simplemente se eliminen los derechos de los trabajadores en beneficio de los empresarios y también si es posible le gustaría que no pudieran estos defenderse.

La productividad de un trabajador de 25 años puede ser mayor que el de uno de 60, pero da la casualidad de que ese de 25 también llegará a esa situación. Según su argumento ese trabajador es un desecho al que se le ha exprimido y se le tira a la basura porque se puede.

Todo este tipo de medidas solo llevan a una conclusión posible, la clase trabajadora terminará radicalizandose, en el mundo todo cambia y siempre habrá revoluciones, usted amigo siga echando leña al fuego, tan solo hay cuatro millones de parados. Estos no escribiran mucho en internet pero seguro que están pesando que este sistema es una mierda y que ellos siempre pagan el pato.

En este país los trabajadores no han ido al paro por vagos sino gracias a un montón de delincuentes que han aumentado sus beneficios reduciendo costes en Eres que el resto pagamos a medias, olvidandose de que cuando las vacas eran gordas decian aquello de "moderación salarial".

Todo una mentira que se demuestra con las vacas flacas y los despidos por muy moderadas que hayan sido las subidas salariales y desmedidos los beneficios empresariales que precisamente son los que debían ser reinvertidos en I+ D no a costa de bajarles los impuestos.

Ud. no tiene ni un miseralble argumento valido para decir que en un país que se despide a saco como en este y que los contratos son eventuales en su mayoría, eventuales falsamente claro, encima eso del despido libre sería una solución, lo que sería es un chollo para los de siempre. Engaña al que puedas y al que se deje.

Puntuación 2
#4
Luis
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No hay que estar cacareando todo el día con el despido libre.Se trataría de adoptar un despido de 20-25 días/año trabajado, pero para todos los nuevos contratos, es decir sin carácter retroactivo.No sé que problema hay en marear la perdiz, es cuestión de justicia laboral.

Puntuación 4
#5
Inuit
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Para npi, no me gusta mucho escribir y soy medio analfabeto.En Canada no se violan las leyes por parte de unos u otros, sindicatos gremiales donde te protegen te buscan trabajo y ayudan economicamente durante la huelga, no como en España que solo sirven para vivir bien ellos y protejer a los vagos. La OTI no sirve para nada lo mismo que los sindicatos españoles dime que han conseguido con la exclavitud infantil o un horario de trabajo universal. En Canada los derechos existen para los dos,el empresario trata de tener los mejores trabajadores para ser competitivo y crecer, lo mismo los equipos de futbol, los mejores jugadores son los que juegan. En Canada no existe el enchufismo se valora la productividad y no miran la edad

Puntuación 4
#6
David
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Es menos cuentitis y que los empresarios se están aprovechando un huevo, las dos cosas.

Puntuación 2
#7
Luis
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4 y 6 dos comentarios clarificadores de posturas y situaciones, allí y ......aquí.

Puntuación 5
#8
npi
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En varias provincias de Canada la ley sigue incluyendo restricciones respecto al derecho a formar un sindicato, negociar colectivamente y recurrir a la huelga, para muchos trabajadores, particularmente en el sector público. El gobierno de Québec impuso un acuerdo salarial a los trabajadores/as del sector público, denegando sus derechos de negociación y despojándolos del derecho de huelga. Los trabajadores/as del diamante fueron amenazados con sanciones disciplinarias por haber participado en una huelga legal.

Derechos sindicales según la ley

Según la legislación federal, los trabajadores/as, tanto en el sector público como en el privado, gozan de libertad de asociación. La legislación federal garantiza oficialmente los derechos sindicales, aunque cada provincia tiene su propia legislación que establece límites a estos derechos. Todos los trabajadores/as gozan del derecho a la huelga, a excepción de aquéllos en el sector público que prestan servicios esenciales (salvo algunos casos, como el de los bomberos en Nueva Escocia, que pueden hacer huelga). Puede recurrirse a mano de obra de reemplazo en las industrias cubiertas por el Código Laboral Canadiense. Tanto los trabajadores/as en el sector público como en el privado tienen el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. La ley protege la negociación colectiva pero, una vez más, existen limitaciones que varían de provincia a provincia. La ley prohíbe la discriminación antisindical.

Alberta: exclusión y privación del derecho de huelga: Varias categorías de trabajadores/as, incluidos los trabajadores/as de la agricultura, de la horticultura y del servicio doméstico, están excluidos de la aplicación de la legislación provincial de relaciones laborales y, por consiguiente, de la protección que ésta ofrece.

La legislación sobre relaciones laborales en la administración pública provincial prohíbe a todos los empleados de la provincia hacer huelga. El personal hospitalario, independientemente de si presta servicios esenciales, también tiene prohibido de manera colectiva recurrir a la huelga. Los trabajadores/as implicados en huelgas ilegales se exponen a que se les impongan altas multas e incluso penas de prisión.

En el sector de la construcción los sindicalistas están obligados a sentarse a la mesa de negociación en grupos de sindicatos compuestos de manera arbitraria, sin tener en cuenta la voluntad de los trabajadores/as que representan. Se prohíbe a los trabajadores/as declararse en huelga a menos que el 60 por ciento de los sindicatos en determinado grupo, y el 60 por ciento de todos los sindicatos afectados, voten a favor.

En 2005, el gobierno provincial invocó, por primera vez en la historia, el "Artículo 8" de la Ley sobre Relaciones Laborales, para obligar a los trabajadores de la construcción a estar representados por una organización y por un convenio que no habían apoyado mediante votación. La legislación laboral de Alberta continúa imponiendo prohibiciones que son contrarias al dictamen del Tribunal Supremo de Canadá que permite los piquetes de solidaridad.

La legislación de Alberta autoriza además una importante intervención por parte de las autoridades en la negociación colectiva y permite al empleador dejar de lado al sindicato en tanto que agente de negociación y recurrir a trabajadores de reemplazo en caso de huelga.

Columbia Británica: se limita la negociación colectiva en los sectores de la sanidad y la educación: Con la introducción de la Ley de Continuación de los Servicios Sanitarios en 2001, los profesionales de enfermería y paramédicos perdieron su derecho a la huelga y se les impuso un "convenio" colectivo. La educación fue designada como "servicio esencial" bajo la ley de Capacitación y Estatutos Laborales, dando a las autoridades la facultad de negar a los docentes el derecho a la huelga.

En 2002 se introdujeron otras limitaciones, con la adopción de tres leyes: Ley sobre Convenios Colectivos en el Sector de Educación (No. 27), Ley sobre Opción y Flexibilidad en la Educación Pública (No. 28) y Ley sobre Mejora del Suministro de Servicios Sanitarios y Sociales (No. 29). Las leyes eliminan por completo o cambian las disposiciones existentes en los convenios colectivos existentes, negociados libremente y que conceden una considerable protección a los trabajadores y trabajadoras en la provincia. Además, la eliminación de un lenguaje restrictivo ofrece a los servicios sanitarios y a otros empleadores el derecho a ignorar los términos de los convenios colectivos vinculantes, "subcontratando" a otros empleadores que no estén cubiertos por dichos convenios. La legislación permite igualmente al gobierno iniciar acciones que podrían dar como resultado la anulación de los derechos de negociación. El caso fue objeto de una queja presentada ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que instó al gobierno a enmendar algunas disposiciones y a revisar las cuestiones relativas a la negociación colectiva. Los sindicatos del sector sanitario impugnaron la legalidad de la Ley 29. El tribunal dictaminó en julio de 2004 que, aunque la ley afectaba la capacidad negociadora de los sindicatos, no era inconstitucional.

También en 2004, la Ley (No. 37) sobre Convenios Colectivos en el Sector Sanitario (Subsector de Facilidades) impuso términos y condiciones favorables al empleador, instaurando una reducción efectiva del 15% en las compensaciones acordadas a los miembros del sindicato cubiertos por el convenio, ordenando igualmente que se pusiese fin a su huelga.

En 2004 el gobierno provincial aprobó igualmente el proyecto de enmienda a la Ley sobre Convenios Colectivos en el Sector de la Educación (No. 19) que modificaba o eliminaba numerosas disposiciones de los acuerdos colectivos libremente negociados en el sector educativo, restringiendo el derecho de los sindicatos de docentes a actuar en tanto que agentes negociadores para sus miembros. Estas enmiendas anulaban una acción legal emprendida con éxito ante los tribunales por la federación de docentes British Columbia Teachers’ Federation contra un dictamen anterior de arbitraje que eliminaba disposiciones de los convenios colectivos y anticipaba cualquier nueva contestación afirmando que la enmienda se aplicaría "independientemente de cualquier decisión tomada por un tribunal en sentido contrario".

A esto siguió en 2005 la Ley sobre Convenios Colectivos para los Docentes (No. 12), impuesta cuando los docentes participaban en las primeras etapas de una acción industrial (una huelga de celo) tras numerosos intentos para negociar un nuevo acuerdo. Aunque el proyecto de ley al parecer establecía una ampliación del acuerdo vigente, en realidad no era sino la última legislación donde se eliminan los términos contractuales imponiendo la negociación colectiva para los docentes en las escuelas públicas.

El gobierno introdujo además la Ley de Continuación del Acuerdo sobre los Consejos de la Corona (No. 21) en 2005, rechazando cualquier sentencia de arbitraje dictada bajo los términos de otra legislación en el marco del Consejo de la Corona e imponiendo sus propios términos salariales sobre los abogados que trabajan para la corona. La ley prohibía además la renuncia a la prestación de servicios.

Columbia Británica deniega a los auxiliares de enfermería el derecho de sindicalizarse: La Ley de Enmienda a los Estatutos de la Sanidad excluye a los auxiliares de enfermería en Columbia Británica de la posibilidad de afiliarse a un sindicato.

Ontario: numerosas restricciones: La legislación laboral de Ontario sigue excluyendo a los trabajadores/as de la agricultura y horticultura así como a los empleados domésticos, arquitectos, dentistas, agrimensores, abogados y médicos. Quienes participan en actividades comunitarias tampoco pueden por ley afiliarse a un sindicato. Un fallo de la Corte Suprema de Canadá en diciembre de 2001 declaró inconstitucional la ley de Ontario que prohibía la sindicalización de los trabajadores/as agrícolas. En octubre de 2002 el Gobierno de Ontario aprobó la Ley de Protección de los Empleados Agrícolas que, según la Federación de Trabajadores de Ontario "básicamente concede a los trabajadores/as agrícolas derecho a incorporarse a un club social, pero siguen sin poder afiliarse a sindicatos ni negociar colectivamente".

Justo después de la elección del gobierno anti-laborista Harris, en 1995, se retiró al Consejo de Relaciones Laborales de Ontario la autoridad para ordenar la certificación automática de un sindicato. A principios de 2005 el nuevo gobierno liberal presentó un proyecto de ley para conceder el proceso de certificación mediante la comprobación de tarjetas sindicales únicamente a los trabajadores en el sector de la construcción, pero sin extender el mismo derecho al resto de los trabajadores. La certificación automática basada en el recuento de las tarjetas de membresía sindical firmadas era una piedra angular de la Ley de Relaciones Laborales de Ontario, que se aplicaba a todos los trabajadores/as antes del gobierno Harris. El hecho de que esta ley haya sido readmitida, aunque sólo sea para la industria de la construcción, se consideró como una victoria parcial. La ley, aprobada en otoño de 2005, sigue siendo considerada por muchos como un obstáculo sistemático para los trabajadores/as en otros sectores a la hora de formar un sindicato.

Una ley de 1997 restringe fuertemente los derechos de negociación colectiva en la educación. Dicha ley excluye a los directores y subdirectores de participar en la unidad de negociación de los docentes, que sólo puede negociar condiciones de trabajo sobre una base informal. La Ley de Educación de Ontario establece también un monopolio sindical de facto, al designar cuál será el sindicato reconocido como agente de negociación. Si un conflicto desemboca en una acción de huelga se puede imponer el arbitraje tras tres semanas. La Internacional de la Educación presentó una queja ante la OIT en octubre de 2003, con relación a la legislación adoptada por el gobierno saliente de Ontario que reducía aún más los derechos de negociación de los docentes. Alteraba la definición de las huelgas y ampliaba las tareas asignadas por contrato a los docentes. En respuesta a las conclusiones críticas de la OIT, el nuevo gobierno de Ontario indicó que estaba comprometido a establecer unas relaciones laborales justas en las escuelas de Ontario.

Tras la elección del nuevo gobierno de Ontario en 2005, se ha eliminado el requisito de hacer públicos los documentos sobre el lugar de trabajo en el proceso para terminar con los derechos de negociación. La Ley de Relaciones Laborales de Ontario fue igualmente enmendada, autorizando al Consejo de Relaciones Laborales de Ontario a certificar, sin necesidad de votación, los casos en que el empleador haya violado flagrantemente la ley e intimidado a sus empleados. El movimiento sindical obtuvo además el derecho a que se readmita a aquéllos despedidos durantes las campañas de sindicalización.

New Brunswick: exclusión de ciertas categorías de trabajadores: Los trabajadores agrícolas y hortícolas están excluidos de la protección que brinda la legislación provincial de relaciones laborales. Los trabajadores ocasionales en el sector público no pueden afiliarse a organizaciones de su elección y por lo tanto no pueden disfrutar de los derechos correspondientes, como por ejemplo, la negociación colectiva.

Québec: se deniega a muchos el derecho de sindicalización y se limita la negociación colectiva: En 2003 el gobierno provincial introdujo enmiendas a la ley sobre servicios sociales y sanitarios y a la ley sobre centros de primera infancia y servicios de guardería, retirando la definición de empleado asalariado a cualquier persona que realice un trabajo "fuera del lugar de trabajo". En base al Código Laboral de Québec, únicamente los "empleados" disfrutan del derecho a formar sindicatos. Así pues, al redefinirlos como trabajadores independientes, esta enmienda los priva de su derecho a sindicalizarse, anteriormente reconocido. Irónicamente, estas leyes lo que pretendían era promover una política de cuidados a domicilio no institucionales, sin embargo las enmiendas vienen a privar justamente a las personas que proporcionan estos cuidados de sus derechos básicos. Se revocó el estatus de los sindicatos que habían sido ya creados, al igual que su derecho a la negociación colectiva. La gran mayoría de los trabajadores involucrados eran mujeres. En 2006, el Comité de Libertad Sindical de la OIT condenó al gobierno de Québec por privar a miles de trabajadores y trabajadoras de su derecho a ser considerados empleados asalariados en base al Código Laboral y le instó a enmendar la ley.

En 2004, la Ley sobre los Representantes (en su forma enmendada por la Ley de Enmienda de la Ley sobre los Representantes del Procurador General) prohibía que los representantes puedan afiliarse a una organización sindical y les privaba de protección frente a trabas, represalias o sanciones relacionadas con el ejercicio de los derechos sindicales. La OIT pidió al gobierno que garantice que los representantes tengan derecho a afiliarse a la organización que estimen conveniente y que disfruten de protección legislativa frente a cualquier acto de discriminación antisindical.

En diciembre de 2005 el gobierno provincial aprobó la Ley 43, que impone las condiciones de trabajo a los trabajadores/as de la función pública de Québec violando su derecho fundamental a la negociación colectiva. La ley renueva todos los convenios colectivos del sector, modificados unilateralmente, y los mantiene en vigor desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de marzo de 2010. Elimina además su derecho de huelga, dado que la legislación laboral de Québec prohíbe las huelgas durante la vigencia de un convenio colectivo (ver más adelante), sin garantizar ningún otro procedimiento alternativo para la solución de conflictos, como la mediación, la conciliación o el arbitraje. El Comité de Libertad Sindical de la OIT subrayó que una disposición legal que permite al empleador modificar unilateralmente el contenido de los acuerdos colectivos previamente pactados es contraria a los principios de la negociación colectiva, e instó al gobierno a enmendar la Ley 43 y a revisar las sanciones que pueden imponerse a los trabajadores por violar la prohibición de hacer huelga.

El derecho a la huelga está limitado por dos leyes que dan una definición muy amplia de los servicios esenciales, y por la disposición de que no pueden organizarse huelgas durante el período de vigencia de un convenio colectivo.

Manitoba: La Ley sobre Escuelas Públicas prohíbe que los docentes hagan huelga y prevé altas multas en caso de violaciones de esta ley. Asimismo, estipula el arbitraje obligatorio a petición de una de las partes si un conflicto dura más de 90 días.

Isla del Príncipe Eduardo: Al igual que en Ontario, la ley efectivamente impone un monopolio sindical al designar el agente de negociación en la Ley sobre la Administración Pública.

Nueva Escocia: Lo mismo se aplica a Nueva Escocia, donde el agente negociador figura en la Ley sobre Negociación Colectiva en el Servicio Civil y en la Ley sobre Negociación Colectiva de los Docentes.

Newfoundland: La ley sobre servicios públicos confiere amplios poderes al empleador respecto al procedimiento de designación de "empleados esenciales".

Las huelgas están prohibidas en el sector de la pesca según la Ley de Negociación Colectiva en la Industria Pesquera.

Derechos sindicales en la práctica

Si bien la ley generalmente se respeta en la práctica, los empleadores del sector público y las autoridades públicas aprovechan sus múltiples limitaciones.

Los gobiernos provinciales han utilizado la ley para ordenar a los huelguistas que vuelvan al trabajo, mientras que los empleadores privados han utilizado trabajadores temporales para reemplazar a los huelguistas.

Notario: En Ontario, los sindicatos indicaron que los cambios introducidos en la legislación laboral por el gobierno conservador de Harris hacen que resulte extremadamente difícil para los trabajadores/as ejercer sus derechos sindicales. Las tensiones respecto a las actividades sindicales se habían intensificado convirtiéndose en amenazas y violencia física en los últimos años, hasta tal punto que los trabajadores/as tenían miedo de sindicalizarse.

Violaciones en 2006

Huelguistas amenazados con sanciones disciplinarias: Los huelguistas miembros del sindicato Union of Northern Workers, que forma parte de la Public Service Alliance of Canada, recibieron el 31 de mayo y el 1 de junio cartas de su empleador, la mina de diamantes Ekati, propiedad de BHP Billiton, amenazándolos con sanciones disciplinarias por haber tomado parte en una huelga legal. La huelga de cerca de 400 trabajadores de Ekati se inició el l7 de abril, luego del fracaso en las negociaciones de un primer convenio colectivo. Pese a unos beneficios internacionales de 7.500 millones de dólares, BHP Billiton ofreció a sus trabajadores/as un incremento salarial de apenas el uno por ciento, sin acordarles ningún aumento en vacaciones, ni derechos por antigüedad ni garantizar la seguridad en el empleo. A finales de mayo BHP Billiton presentó una oferta "final" que según la PSAC dejaba a los miembros del sindical en una posición aún peor que antes de iniciarse la huelga. El sindicato estaba particularmente molesto dado que había presentado una contrapropuesta aceptando muchas, aunque no todas, las ofertas de la patronal, pero BHP se negó a llegar a un compromiso. Finalmente se alcanzó un acuerdo a finales de junio, pese a que varias cuestiones seguían siendo objeto de arbitraje en el momento de redactar este informe.

© ITUC-CSI-IGB 2007 | www.ituc-csi.org |

Y yo no hablo de boquilla sino con conocimiento de lo que allí pasa.

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#9
Gobernator
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NPI=Ni Puta Idea.

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#10
CCP
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los empresarios son unos aprovechados la mayoria,en mi curro tiran a la jente aprovechando la situacion laboral y se llevan un 75 por cien de la produccion a china(mi jefe era anti chinos)jejeje luego dicen que no venden,todos esperan que se despierte el consumo chino pero los chi nos daran por el cu....al tiempo que esto ya a empezado

Puntuación 0
#11
CCP
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En Contra

son un pueblo muy currante y acostumbrados a no tener derechos el sueño de los empresarios españoles

Puntuación 0
#12