Con su golpe a tres casos de corrupción urbanística en Barcelona, el juez Baltasar Garzón ha convulsionado en apenas diez días el llamado "oasis catalán" al encarcelar a cargos y dirigentes históricos de CiU y PSC, en una operación que ha extendido la sombra de la sospecha sobre el urbanismo municipal.
El encarcelamiento de uno de los alcaldes socialistas con más peso en Cataluña, Bartomeu Muñoz, ya dimitido, y de dos históricos ex altos cargos de Jordi Pujol, los otrora todopoderosos Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ha removido las aguas del "oasis" y ha puesto en la palestra el debate sobre la connivencia entre el poder y la corrupción, alentada por los pingües beneficios derivados del "boom" inmobiliario.
Al mismo tiempo, el auto de Garzón sobre la operación "Pretoria", de la que cuelgan un sinfín de ramificaciones, ha extendido la sombra de la sospecha sobre la actuación urbanística en distintos municipios y ha obligado a diversas entidades -públicas y privadas- y a determinados personajes secundarios en la trama a tener que dar explicaciones e incluso a dimitir.
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