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Rechazadas las medidas cautelares sobre la orden que obliga a declarar los titulares reales

  • La AN no entra en el fondo del recurso del Notariado y Cepyme
Foto: Nacho Ballesteros

La Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por el Consejo General del Notariado y la patronal Cepyme, mediante un auto de 28 de mayo de 2018, al considerar el ponente, el magistrado Díaz Fraile, que la Orden Ministerial que regula la obligación de declarar los titulares reales junto a la rendición de las cuentas anuales no viola la intimidad de las personas físicas o jurídicas.

El ponente afirma que la Orden Ministerial "no lleva la publicidad de la declaración de titularidad real a lo que es la publicidad de las cuentas depositadas y sus documentos complementarios implementada en el marco del Registro Mercantil, según se regula en el artículo 369 del Reglamento del Registro Mercantil".

El auto de la Audiencia Nacional no entra a analizar el fondo del recurso planteado, sino que se limita al análisis de las circunstancias que pudieran justificar o no la adopción de medidas cautelares para impedir la entrada en vigor de la Orden Ministerial y, de esta forma impedir la creación de una base de datos de titulares reales en el Registro Mercantil Central.

Reflexiona también, que la Orden Ministerial recurrida "no crea la obligación de identificar al titular real, simplemente viene a implementar un nuevo formulario en el que las sociedades, en el momento de presentar a depósito sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, hagan la declaración acerca del titular real".

Y añade, que la norma recurrida, al igual que la previa que viene a derogar, tiene su habilitación en la disposición adicional primera de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, que habilitó al Ministro de Justicia para aprobar los modelos de presentación de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Por otra parte, señala que no puede despreciarse el interés público en que se cumplan desde su promulgación las normas reglamentarias, ya que cualquier suspensión de la ejecutividad de una norma, cuando cumple todos sus trámites de promulgación y 'vacatio legis', atenta al interés público.

Recuerda Díaz Fraile la jurisprudencia del Tribunal Supremo que justifica que el interés público está implícito en la naturaleza misma de la disposición general y lo normal es no acceder a la suspensión en estos supuestos, puesto que ello sí constituiría un perjuicio del interés público, aunque ello no exime de la debida ponderación de las circunstancias concurrentes.

Sobre la defensa que realizan el Notariado y Cepyme, consideran que no existe interés público alguno en el mantenimiento de la vigencia de la Orden recurrida, al particular del caso, bastará con referirnos al que esta ínsito la prevención del banqueo de capitales de cara a combatir la criminalidad financiera lo que avala la oportunidad y urgencia de cualquier medida que redunde en dicha finalidad.

Finalmente, rechaza los argumentos del Notariado para que se mantenga, en exclusiva, la base de datos de titularidad real creada por Acuerdo del Consejo General del Notariado de 24-3-2012 (BOE 28 de abril) como cauce para evidenciar en su caso la titularidad real de las acciones y participaciones societarias.

El Notariado argumenaba en sus alegaciones como que el fichero "quedaría virtualmente inutilizado con la aplicación de la Orden tras la millonaria inversión que supuso su instalación", a lo que el magistrado señala que esta apreciación "aparece como un interés no solo artificiosamente construido sino hipotético en la supuesta consecuencia de desaparición del fichero".

Al tiempo, el ponente explica que "en la solicitud de la medida se viene a defender que la completa, exacta y actualizada información de la titularidad real de las acciones y participaciones solo se puede obtener por el cauce de dicho fichero, ya que "la exactitud de dicha titularidad solo puede extraerse del propio texto del negocio jurídico de transmisión, formalizado notarialmente, que luego se vuelca en el índice único informatizado que cumplimentan los notarios del que se nutre el OCP del Consejo General del Notariado, hasta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pasando por Jueces, Fiscales o Administraciones Tributarias" (sic), algo que- afirma Díaz Fraile- de ser cierto será debidamente apreciado por todos los que quieran y puedan surtirse del mismo ya que la OM no dispone la eliminación del mismo.

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J. A. L
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¿Este magistrado ponente Diaz Fraile es hermano del registrador Juan Maria Diaz Fraile, registrador y creo que fue letrado de la direccion registral del ministerio de justicia con cargos importantes en el colegio de registradores?

Supongo que no, porque si no:

¿No tendría que haberse abstenido el magistrado siendo que el colegio de registradores es parte interesada en el procedimiento?

El colegio de registradores ha conseguido que dicten esa orden ahora impugnada para tener excusa para pedir al gobierno que se inscriban las ventas de participaciones sociales en el registro mercantil.

Las ganancias para 180 registradores superarían el millón de euros por cabeza con el nuevo sistema que quieren implantar.

Puntuación -3
#1
Incrédulo
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Hay que ayudarles un poquito, que no llegan a final de mes.

Que gusto da trabajar en un "gremio" donde el estado vele por tus incrementos de facturación por vía legal.

Puntuación -5
#2
Espartaco
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Hombre, siendo sinceros, es que lo normal sería que las participaciones sociales se inscriban en los Registros Mercantiles. Algo que por cierto, ya se hacía hasta 1989. Lo que no sería normal es que todo el historial de las sociedades de capital estuviera en los libros de los Registros Mercantiles, y las acciones o participaciones sociales en un registrillo (incompleto, por su propia naturaleza) que pretenden llevar los Notarios.

Más les valdría a los Notarios preguntarse si hicieron todo lo debido cuando, durante los años de la burbuja inmobiliaria, otorgaron millones de hipotecas sin informar de la cláusula suelo, de los gastos y demás condiciones abusivas, y no pretender usurpar funciones que no les pertenecen.

Puntuación 8
#3