El contribuyente puede rectificar el valor de los inmuebles en inspección

  • La sentencia concluye que es lícito ejercitarlo como alegaciones y aportar documentos

El contribuyente puede, en el curso de un procedimiento de inspección abierto, rectificar el valor inicialmente otorgado a varios bienes inmuebles en el documento de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones, en concepto de alegaciones, según establece el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en dos sentencias, de 10 y 28 de julio de 2017.

Los ponentes, los magistrados González Rodríguez y Chamorro González respectivamente, concluyen que la Inspección debe tener en cuenta las alegaciones y documentos presentados antes de la liquidación definitiva, sin limitarse a "rechazarlos con argumentos extraídos de normas de aplicación general o de doctrina relativa al error de hecho y de derecho, que no resultan de aplicación al caso en virtud de la regulación específica anteriormente referida."

En ambos casos, la controversia que se planteaba sobre la regulación de los artículos 120.3 de la Ley General Tributaria (LGT) y 1226 del Real Decreto1065/2007 al que aquél remite. Así, en el primero de estos preceptos se admite para el contribuyente la posibilidad de instar la rectificación de la autoliquidación cuando ésta se considere perjudicial para sus intereses sin especiales limitaciones, siendo en el segundo de aquellos en el que se impone el límite de no estarse tramitando un procedimiento de comprobación o investigación, tal y como en este caso acontecía. Sin embargo, también dispone el segundo artículo que, en tal caso, el contribuyente tiene derecho a realizar alegaciones y presentar los documentos que estime oportunos, los cuales deberán ser tenidos en cuenta por el órgano que tramite el procedimiento.

Así, los ponentes, razonan que "si se establece este mandato imperativo ha de entenderse que ello viene a suponer la sustitución de la inicial autoliquidación por la resultante de aplicar aquellas alegaciones, puesto que de considerar la invariabilidad de aquélla inicial dicho precepto y mandato carecerían de sentido".

Por ello, señalan que no se trata, pues, de elucubrar si se está ante un error de hecho o de derecho ni de si la valoración inicial respondía al valor real y al ser de mayor cuantía debía necesariamente de prevalecer sobre la rectificada, ya que de ser así también supondría un contrasentido, máxime cuando la norma no limita cualitativa ni cuantitativamente las alegaciones que se pudieran realizar.

Cosa distinta será la consecuencia que de tales alegaciones extraiga la Administración, que podrá ser o bien la estimación íntegra de las mismas o, subsidiariamente, la apertura de un trámite de comprobación de valores caso de disconformidad con el valor dado por el interesado a los inmuebles.

Procede, por tanto, que se dicte una sentencia estimando el recurso interpuesto, anulando la resolución impugnada.


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Viernes, 13 de Octubre de 2017


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