Negociar la legalidad es el fin del Estado de Derecho

13:01 - 13/10/2017
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En la imagen, Carles Puigdemont.
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La súplica de Puigdemont al Gobierno para que le rescate del callejón sin salida en el que se encuentra, aviniéndose a abordar el conflicto catalán en el marco de una mediación, es la última trampa de un proceso que busca atajos para huir de una legalidad que no tiene mayoría suficiente para cambiar. Y de una realidad, tozuda, de la que no puede escapar.

Cuando en sus últimas entrevistas el 'president' reclama a Rajoy "un diálogo sin condiciones", parece que lo que está pidiendo es que se abra a negociar una salida que sortee la ley. Un extremo al que, con acierto, el Gobierno se ha negado.

La Generalitat apostó por la desobediencia, confiando en que la masa social independentista pudiera torcer las estructuras del Estado. Pero está perdiendo el órdago: ni tiene fuerza suficiente para hablar en nombre del pueblo de Cataluña ni para plantear un conflicto de tal tamaño que ponga en jaque al Estado de Derecho hasta tal punto que pueda cuestionarse su propia legitimidad.

Aceptar la mediación sería reconocer la incapacidad del sistema institucional y político español para resolver sus propios conflictos. Una humillación inaceptable, dado que contamos con unas instituciones democráticas que dan cabida a que todas las opciones políticas participen en la gobernanza del país en función de su representatividad electoral -de hecho, el régimen electoral privilegia electoralmente al nacionalismo-.

España es una democracia moderna y perfectamente homologada a las de nuestro entorno como para que las falsas acusaciones del independentismo nos acomplejen y nos hagan dudar de un principio tan básico como el del cumplimiento de la ley y la igualdad de todos los ciudadanos ante la misma.

Negociar, sí. La situación actual exige altísimas dosis de política. Pero debe ser dentro de la ley. Plantearse la posibilidad de ceder ante quien cuenta como única baza negociadora el desafío a la legalidad sería el fin del Estado de Derecho. ¿O acaso a alguno de nosotros nos premian por no saltarnos los semáforos o por pagar puntualmente nuestros impuestos?


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Comentarios 3

#1
13-10-2017 / 13:19
ALMUSTAFA
Puntuación -1

es que verdaderamente el sistema institucional y político español es incapaz de resolver este conflicto, que es propio, que es territorial y por eso PPSOE van a negociar la legalidad, la constitución. ¿Se acabó entonces el estado de derecho?

#2
13-10-2017 / 13:21
Aristòtil el jove
Puntuación 1

Otra cosa, no cabría esperar.

Y el cumplimiento del estado de derecho; a saber, Jordi Pujol robó con el 3 ó 5 %, y todavía no ha devuelto nada.

Las amenazas que profirió, de que caería mucha rama, si intentaban cortar el tronco, se las puede ahorrar.

Si no hacia adelante, es porque hay miedo.

#3
13-10-2017 / 19:42
periodismo chusquero
Puntuación -1

Hala¡¡¡¡ Menuda burrada de concepto (el titular), pueblos sumisos, gente sumisa..., beeehhh, correcto, todo legal (como decía el Piterman). Si laaquella mujer de color no se hubiera sentado en aquel autobús en la zona de blancos.......Que era muy legal caramba¡¡¡¡¡ El dcho de pernada¡¡¡¡¡¡legal......Vaya tropa¡¡¡¡ Así defienden argumentos? Y no cofundir legalidad con legitimidad¡¡¡¡ Hay unos cuantos países que se han independizado en las últimas décadas, hoy son prosperos y felices, el mundo cambia como no van a cambiar leyes. El estado de dcho se sustenta en las leyes, y estas se las proporciona el pueblo¡¡¡¡¡¡ so pasmao¡¡¡¡ Vete a algún miting del KKK.






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