Firmas

La realidad de los purines, un problema ambiental recurrente

La aparición en el último mes de diversas noticias y artículos sobre el problema de los purines podría hacer pensar que se ha convertido este tema en la serpiente de verano que luego desaparecerá sin mayor trascendencia.

La realidad es que cuanto se viene diciendo sobre los problemas ambientales que generan los purines obedece a una realidad poco conocida y no suficientemente valorada por nuestra sociedad.

Es cierto que España ha alcanzado el primer puesto en la producción de ganado porcino en Europa, con más de 28 millones de cabezas y casi 90.000 explotaciones, lo que determina una generación de purines de más de 50 millones de toneladas al año, volumen que bajo ningún concepto puede ser gestionado mediante su aplicación directa en tierras de cultivo.

Esta situación no es nueva y en algunas comarcas del país (como Cataluña, Aragón, Segovia y Murcia) la elevadísima concentración de granjas viene generando excedentes de purín desde hace muchos años y los vertidos incontrolados de los mismos han provocado una contaminación de los acuíferos perfectamente conocida.

Tras la aprobación de la Directiva europea para la protección de las aguas de la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrícolas y ganaderas, se aprobó el Real Decreto 261/1996, acompañado del establecimiento de las denominadas Zonas Vulnerables en las cuales la máxima cantidad de nitrógeno permitido es de 170 kg por hectárea y año.

Para que podamos hacernos una idea de lo que esta limitación significa: en el entorno de una granja, cada hectárea de suelo agrícola no debería recibir el purín de más de 20 cabezas de ganado, siendo habitual que en las zonas de alta concentración pueda haber 2000 cabezas o más por hectárea disponible. Esto determina que más del 20% de los purines generados sean excedentes, cuyo destino no puede ser la aplicación agrícola directa.

El incumplimiento reiterado de la Directiva en ciertas zonas determinó sanciones al Estado español que recomendaron al Gobierno buscar alguna solución. Para ello se buscó una alternativa equivalente a la usada para otros residuos, con la aprobación del Real Decreto 2818/1998, que establecía unas primas para las plantas de cogeneración destinadas al tratamiento de los purines.

Al amparo de la citada norma, a partir del año 2000 se establecieron una serie de instalaciones en las zonas más críticas que, sin resolver el problema en su totalidad, lo paliaron al eliminar parte de los excedentes. En este sector llegaron a operar 29 plantas, integradas en la asociación de empresas de tratamiento (ADAP).

Estas instalaciones tuvieron que ir cerrando paulatinamente su actividad a partir de la reforma del sector eléctrico de 2012, hasta la parada de la totalidad de ellas. Plantas que están hoy a la espera de la aplicación de una sentencia favorable del Tribunal Supremo, que en todo caso no permitirá la puesta en marcha de mucho más allá del 50% de las mismas.

Y en estos más de 20 años ¿qué se ha hecho por resolver el problema creciente a medida que lo hacía el sector porcino? Prácticamente nada, además de lo ya dicho, salvo constatar cómo además de la contaminación de las aguas por nitratos, los purines contribuyen de forma relevante a las emisiones de amoniaco (emisiones que en España siguen creciendo) y de forma muy relevante a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en razón de las emisiones de metano producidas por la aplicación de los purines sin tratamiento previo.

Ante el agravamiento del problema derivado del cierre de las plantas y la falta de alternativas realistas, por cuanto algunas propuestas tecnológicas innovadoras o están en fase de experimentación o sus costes son inabordables, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y algunas Comunidades Autónomas -muy apurados por la situación- optaron por una solución genial: transportar los purines excedentes a zonas alejadas para almacenarlos en balsas hasta el momento de su aplicación al suelo.

En ningún momento de la larga historia de la gestión de los purines se había planteado esta opción como solución generalizada, por cuanto transportar algo cuyo contenido en más del 90% es agua, a más de 100 km (que en ocasiones es la distancia a la que se encuentran zonas aptas para el vertido), es un dislate económico, por no hablar del agravamiento del impacto ambiental por el transporte y porque las balsas son una fuente permanente de emisiones.

Como el problema no es nuevo, ni exclusivamente de España, conviene revisar las soluciones que se dan en otros países de la UE que también tienen problemas de purines donde se ha comprobado que el aprovechamiento agrícola de los mismos (cuyo uso no se discute) se hace preferentemente tras su tratamiento por medios físicos, químicos, biológicos o térmicos, única forma de evitar los impactos negativos, consiguiendo que los ganaderos cumplan con las normativas ambientales sin poner en riesgo la viabilidad de su actividad.

En la mayoría de esos países se ha optado por la tecnología de biodigestión para generar biogás, por su madurez y su perfecta aplicación al caso de los purines, existiendo en la actualidad miles de plantas en operación en la UE.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) los estiércoles del sector ganadero contribuyen de manera destacada a la emisión de GEI, especialmente metano, que se emite desde la generación del purín, durante su almacenamiento y tras su aplicación al suelo.

Con estos argumentos, la Directiva 2009/28/EC del Parlamento Europeo y el Consejo, para la reducción de las emisiones de GEI en Europa, fomenta el uso de subproductos y residuos de la agricultura como estiércoles, purines y otros materiales orgánicos para la producción de biogás, considerando este camino como el más idóneo por sus ventajas ambientales, económicas y sociales.

Las instalaciones de biogás, como consecuencia de su capacidad de generar calor, electricidad o usarse como biocarburante, así como subproductos de aplicación agrícola y por su carácter descentralizado, pueden contribuir de manera significativa al desarrollo rural.

Esta potencialidad de la biodigestión para abordar el problema de los purines y contribuir a la mejora ambiental ha sido reconocida en el Paner (Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020), que en su día redactó IDAE y se entregó a la UE, además en el excelente documento El Biogás Agroindustrial en España, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, así como en las bases del Plan de Biodigestión de Purines (2009), que nunca se desarrolló.

De manera que, frente a las cifras antes citadas de Europa, las plantas de este tipo en España no van más allá de lo testimonial y las posibilidades reales de su desarrollo futuro, en las condiciones económicas y normativas existentes, son prácticamente nulas.

Las carencias y limitaciones de las normativas, así como la propia estructura del sector porcino, basada en la dependencia económica de muchas de las granjas (integración) de las grandes compañías del sector cárnico, hacen difícil que los ganaderos puedan asumir la totalidad de los costes de tratamiento de los purines.

En este sentido, el reciente artículo del profesor Xavier Flotats de la UPC, sin duda una de las personalidades más autorizadas en el mundo de los purines, establece los criterios para que la solución al problema de los purines sea una realidad. Sus argumentos son tan sólidos y basados en tan larga y profunda experiencia que me permito reiterarlos: "La resolución de este problema requiere de una reorganización del sector que suponga la internalización y reparto de responsabilidades económicas y de gestión, hoy exclusivamente centradas en los ganaderos, a menudo integrados en una cadena de valor en la que ellos son el eslabón más débil".

Por tanto, para que sea viable esta nueva apuesta por una solución sostenible es imprescindible que en la solución se impliquen, además de los ganaderos, el sector cárnico, propietario de las grandes compañías integradoras y que hoy mayoritariamente se mantiene ajeno al problema y a sus soluciones, pese a los excelentes resultados de un sector en pleno auge, que ya representa casi el 40 por ciento de la producción ganadera total y con exportaciones que superan los 4.000 millones de euros.

Como también dice el Dr. Flotats, el tratamiento de los purines no puede ser una pieza aislada, cuyos elevados costes lo hagan inviable, debe formar parte de todo un proceso industrial vinculado a otros sectores estrechamente relacionados, como los residuos agroindustriales y los fertilizantes.

En todo caso, la importancia ambiental y social del problema de los purines requiere de actuaciones sin demora, dado el carácter insostenible de la situación.

No basta con las denuncias que últimamente proliferan en algunos medios y tampoco es una solución reducir al mínimo una actividad económica determinante en ciertas comarcas y de gran importancia para el país, pero la situación no permite eludir por más tiempo el grave problema existente.

En un momento en el que debe revisarse la política española frente al cambio climático y se ha iniciado el desarrollo de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, deben recogerse en ella los medios que permitan la utilización de tecnologías como la biodigestión para el tratamiento de los purines, de manera que se pueda mantener el desarrollo de un sector de tanta relevancia, pero en condiciones de sostenibilidad económica y ambiental.

WhatsAppWhatsApp
FacebookFacebook
TwitterTwitter
Google+Google plus
Linkedinlinkedin
emailemail
imprimirprint
comentariosforum
Publicidad
Otras noticias
Contenido patrocinado

Usuario validado en elEconomista.es
Ivano
A Favor
En Contra

Existe una cosa que se llama Pigrid, elaborado por BioAdhesive Alliance Inc. que promete solucionar ese problema utilizando el purin como sustituto del asfalto.

En mi opinion, mas inversion en I+D es lo que falta.

Puntuación 2
#1