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Un Juzgado de Reus (Tarragona) ha devuelto a la justicia argentina el exhorto remitido para la exhumación de los restos del granadino Cipriano Martos, un activista antifranquista que fue enterrado en una fosa común en el Cementerio de Reus en septiembre de 1973 tras ser arrestado y "obligado" a ingerir ácido sulfúrico durante un interrogatorio.

GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)

La familia ha recurrido a la Justicia Argentina con la pretensión de recuperar sus restos para darle una sepultura digna, en el marco de una intervención de la que se iba a encargar la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), para lo que ya se habían realizado los trabajos arqueológicos y de documentación a la espera de la autorización judicial.

No obstante, el Juzgado ha devuelto recientemente el exhorto de la jueza argentina María Servini, que lleva años investigando los crímenes del franquismo, atendiendo al criterio de la Fiscalía General del Estado de oponerse al auxilio judicial invocado por la magistrada.

El presidente estatal de la ARMH, Emilio Silva, ha explicado a Europa Press que Cipriano Martos, nacido en Loja, es uno de los últimos desaparecidos del franquismo y ha lamentado que no se pueda materializar el deseo de la familia "por los obstáculos que está poniendo el Gobierno español".

Martos, hijo de jornaleros que emigró a Cataluña, fue detenido a los 30 años en Reus acusado de repartir propaganda ilegal. Agonizó durante más de 20 días antes de fallecer en un hospital tras haber sido obligado a ingerir ácido durante un interrogatorio de la Guardia Civil. Posteriormente, fue enterrado en una fosa de beneficencia en el cementerio de la ciudad.

Su hermano se querelló por esta "muerte horrorosa" a la que se sumó el trato recibido por la madre de ambos, a la que se echó del hospital impidiéndole visitar a Cipriano cuando agonizaba. "Prácticamente la empujaron por la escaleras, fue muy violento", ha narrado a Europa Press Ana Messuti, abogada de la querella interpuesta en Argentina contra los crímenes del franquismo.

La letrada relata que en este caso no se trataba de un exhorto para declaraciones indagatorias por crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista, como las se han estado devolviendo en su mayoría a la jueza Servini, sino de una exhumación, "nada más".

"Se dijo dónde estaba enterrado, se aportó la asociación (la ARMH) y todos los informes técnicos; sin que suponga ningún gasto para el Ayuntamiento o para la Justicia española, lo único que pedíamos era un permiso judicial para hacerlo", ha relatado Messuti.

La Fiscalía General del Estado ha justificado su criterio de no atender los exhortos de la jueza Servini en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, por lo que los supuestos delitos estarían prescritos, y bajo el argumento de que el franquismo, en caso de poder ser juzgado, debería serlo en España y no en ningún otro país.

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