El Gobierno abrió hoy la puerta a cerrar líneas de tren o servicios ferroviarios que no se consideren de interés general por razones económicas, sociales o medioambientales y que, por ello, no logren ser declaradas de interés público, o que presenten una "demanda insuficiente".
El Consejo de Ministros aprobó hoy el acuerdo por el que se fijan los criterios que deberá reunir una línea ferroviaria o un servicio de transporte en tren para obtener consideración de interés público.
Contrato de prestación de servicio
En virtud del acuerdo, Renfe prestará durante un periodo inicial de tres años estos servicios a cambio de recibir la correspondiente compensación económica. Para ello, suscribirá un contrato de prestación de servicio público.
En cuanto al resto de servicios no declarados de interés público, la operadora pública deberá explotarlos en condiciones de mercado, es decir, con tarifas comerciales. En caso de que "no resultaran viables por insuficiencia de demanda, Fomento presentaría un plan de reorganización que garantice la conexión territorial mediante un sistema de transporte combinado o con transportes alternativos", según indicó el Ministerio en un comunicado.
Fomento debe presentar al Consejo de Ministros antes del próximo 30 de noviembre la relación de servicios de transporte de viajeros en tren, así como los tramos y frecuencias, que finalmente se garantizarán por interés público.
Para elaborar esta relación, el departamento que dirige José Blanco deberá realizar los estudios y análisis necesarios que permitan definir las líneas, tramos y servicios ferroviarios que deben ser garantizados y las correspondientes compensaciones económicas para que Renfe los explote.
Renfe ya manifestó a comienzos de año su disposición a suprimir los servicios ferroviarios convencionales de viajeros que no ofrezcan rentabilidad a largo plazo en caso de que al Estado o a las comunidades autónomas correspondiente no les interesara costearlos.
"A partir de este año Renfe no puede mantener o poner en marcha negocio alguno que no sea rentable, porque no podrá recibir dinero público alguno que no sea para financiar un servicio público", indicó entonces el presidente de la operadora, Teófilo Serrano, quien dejó fuera de este supuesto a los AVE.
Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, en una reciente intervención planteó que el Gobierno deberá estudiar suprimir los servicios ferroviarios que tienen pocos usuarios si existen alternativas de transporte. "Nada hay más antisocial y antiecológico que financiar trenes que van prácticamente vacíos con los recursos de todos", apuntó al respecto en otra de sus exposiciones públicas de las últimas semanas.
Cercanías y aportaciones de CCAA
El acuerdo aprobado hoy ya garantiza, por su consideración de servicio público, la prestación de todos los servicios de Cercanías.
En el caso de las Medias Distancias, tendrán consideración de interés público aquellas relaciones que sean "de uso habitual y frecuente, de manera que requieran su utilización por los ciudadanos en trayecto de ida y vuelta al menos cinco días a la semana".
Además, también garantiza los servicios ferroviarios que discurran dentro de una misma Comunidad y cuyo Gobierno estime que es de interés público. No obstante, en estos casos, será la región correspondiente la que deberá pagar a Renfe por realizar el servicio.
Según el Gobierno, de esta forma "se inicia un proceso de reorganización y racionalización gradual de la oferta de transporte ferroviario de pasajeros en el marco de la normativa comunitaria".
Esta reestructuración deriva de la normativa comunitaria que, en un Reglamento de octubre de 2007, limita las subvenciones estatales al ferrocarril a las estrictamente necesarias para garantizar los servicios públicos e insta a que los servicios ferroviarios se rijan por criterios de competencia comercial.
Según Fomento, el objetivo final es reorganizar toda la oferta de tren en España para incrementar su eficacia y la de su conectividad con otros modos de transporte alternativos, buscando con ello aprovechar las ventajas de cada uno en función de su mayor eficiencia social, económica o medioambiental.
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